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Economía.- Un cargo de SEPI dice que el Tribunal de Cuentas no vio «nada incorrecto» en la compra de Aerolíneas

Un testigo de Air Comet dice que los 300 millones de la operación «no entraron» en sus cuentas y que no se contabilizó en 2001

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Un antiguo alto cargo de la Sociedad Estatal de Participaciones Preferentes (SEPI), Juan Gurbindo Gutiérrez ha afirmado en la Audiencia Nacional que el Tribunal de Cuentas desarrolló tres fiscalizaciones sobre la compra de Aerolíneas Argentinas por parte de Air Comet, de la que era socio el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, y concluyó que «no había nada que fuera incorrecto» en este negocio.

Así se ha expresado en la segunda sesión del juicio que se sigue por el 'caso Aerolíneas', en la que también ha comparecido el auditor Javier Estellés y el exdirector financiero de esta compañía, Antonio Martínez. Este último ha manifestado que Air Comet no accedió porque «no entraron en sus cuentas bancarias» los 300 millones que la SEPI entregó para saldar las deudas que acumulaba la firma argentina.

Los testigos se han pronunciado así en la segunda sesión del primer juicio que ha sentado en el banquillo de los acusados al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y al ex presidente de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata. Ambos se enfrentan a dos años y cuatro meses de cárcel por la compra de Aerolíneas y al pago de una indemnización de 99,04 millones de euros por el impago del Impuesto de Sociedades derivado de la operación.

El fiscal Miguel Ángel Carballo considera que Díaz Ferrán, el expresidente de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata, y su socio, el fallecido Gonzalo Pascual, debían pagar impuestos por los derechos de créditos obtenidos por valor de 272 millones de dólares que la Sociedad Estatal de Participaciones Preferentes (SEPI) otorgó a Interinvest, matriz de Air Comet, para hacer frente a las pérdidas que acumulaba la compañía argentina.

Ante el tribunal, presidido por el magistrado José María Vázquez Honrubia, Juan Gurbindu ha explicado que la SEPI hizo dos aportaciones de capital — una de 300 millones para los acreedores y otra de 248 millones para los gastos corrientes necesarios destinados a reflotar Aerolíneas– , y se comprometió a «controlar» que el dinero se dedicara a esos fines. «La SEPI no ha tenido que hacer ninguna reclamación en este sentido. El dinero fue directamente al pago de las deudas correspondientes», ha agregado.

El testigo, que entonces era director adjunto del presidente, ha apuntado que la única penalización aplicada por la agencia estatal se debió a que Air Comet no compró el total de aviones comprometidos. Ha añadido que la SEPI no quería pagar impuestos por este negocio en «Argentina ni en ningún sitio».

«En España, la SEPI está exenta de pagar impuestos en este tipo de operación. Esta adquisición en el momento en el que se hizo estaba exenta también de pagar impuestos en Argentina», ha dicho Gurbindu, para recordar que este organismo preguntó a los socios si seguían interesados en comprar Aerolíneas después de que el atentado contra las Torres Gemelas «afectara gravísimamente a todas las compañías aéreas».

LOS 300 MILLONES FUERON A LOS ACREEDORES

El economista Antonio Martínez, antiguo director financiero de Air Comet, ha asegurado que el dinero por la compraventa de Aerolíneas «en ningún caso llegó a entrar en las cuentas bancarias» de Air Comet, de la que Díaz Ferrán era miembro del Consejo de Administración, y que esta empresa «no podía disponer» de esos fondos.

Martínez Llerandi, que ha dicho no mantener en la actualidad ninguna amistad o relación personal con los acusados, ha explicado que «recibía instrucciones» del entonces consejero delegado de Air Comet, Antonio Mata, y que «no llegó a sus manos» el contrato de compraventa de Aerolíneas Argentinas puesto que era «confidencial».

Sí tuvo conocimiento de que Air Comet asumió una serie de obligaciones de dicha operación comprando los títulos de los créditos y que actuó «como mandataria a cuenta de Interinvest». Mata explicó este miércoles que con la adquisición de los títulos de los préstamos, Air Comet se convirtió en el acreedor mayoritario en el consejo de acreedores de Aerolínes para «salvar su patrimonio».

La suma de 300 millones de dólares que la SEPI entregó para sufragar las pérdidas que acumulaba la firma argentina fue a parar «automáticamente mediante cheques al portador» a pagar a los acreedores de Aerolíneas. «Esos fondos nunca entraron en las cuentas de Air Comet, provenían de una cuenta mancomunada donde solo tenían firma Interinvest y la SEPI y para acceder a ese dinero era necesario su conocimiento», ha respondido, a preguntas del abogado de Mata, Adolfo Carretero.

El testigo también ha recordado que Air Comet pagó «en aquella época un montón de gastos corrientes» como combustible o catering de la flota de Aerolíneas. En un momento dado, el acusado Antonio Mata se ha arrojado a intervenir ante la confusión de los presentes intentando aclarar aspectos sobre la contabilidad y su ubicación en los tomos de la causa.

Al ser preguntado por la representante de la Abogacía del Estado, Lucía Pedrero, si las cuentas de Air Comet a fecha del 28 de febrero de 2002 recogían esos créditos, el compareciente ha respondido: «No, pero con el matiz de que si no estaba reflejado ese día, sí lo estaba al día siguiente y en cualquier caso no tiene ningún efecto patrimonial sobre la solvencia o insolvencia de la compañía».

El juicio ha finalizado este jueves con el testimonio del auditor Javier Estellés y proseguirá mañana con el turno de los peritos. Díaz Ferrán, que ayer negó la comisión de un delito fiscal y dijo desconocer que debía pagar a Hacienda, está imputado en varias causas abiertas en la Audiencia Nacional.

Entre ellas, por apropiarse indebidamente de 4,4 millones de euros en la quiebra del Grupo Marsans y por simular la venta de sus empresas para eludir el pago a sus acreedores, además de por vender preferentes como miembro del Consejo de Administración. El Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid mantiene abierta otra causa en su contra por su participación en la quiebra de Seguros Mercurio, mientras que otro juzgado madrileño le consideró culpable de la bancarrota de Marsans.