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ARTÍCULO RECTIFICADO: Una concejal pide que su ayuntamiento sea auditado por el departamento de su propio marido

La Gürtel salpicó con fuerza al Ayuntamiento de Boadilla la pasada legislatura. La llegada del nuevo equipo de Gobierno, encabezado por Antonio González Terol, supuso un punto claro de inflexión. En estos dos años el Consistorio ha eliminado todos los contratos relacionados con la trama corrupta, se ha personado en la causa como acusación particular y, entre otras acciones, ha presentado en tiempo y forma ante la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid los ejercicios contables correspondientes, no sólo los dos años de gestión de este equipo de Gobierno, sino también los de años anteriores.

Sin embargo, el debate sobre las cuentas del Ayuntamiento de Boadilla sigue protagonizando plenos municipales. PSOE y Alternativa por Boadilla (APB) presentaron en julio de 2011 una moción para que el Tribunal de Cuentas auditara los números del Consistorio entre los años 2007 y 2010, moción en la que ahora insisten ampliando la petición de auditoría también a los años 2011 y 2012.

Una petición de lo más normal si no fuera por dos motivos: por un lado que no compete de forma directa al Tribunal de Cuentas la auditoría de ayuntamientos, y por otro, que el marido de María Victoria Zamora – concejal por APB-, Francisco Javier Rubio, es el Subdirector Técnico del Área Político-Administrativa del Estado de la sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas. 

Una red de coincidencias que se extiende aún más, ya que Enriqueta Chicano Jávega, consejera del Tribunal a propuesta del PSOE y Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, era antes de ser propuesta como consejera en el Tribunal la Subdirectora Técnica en el Departamento de Corporaciones Locales del Tribunal de Cuentas.

LA CÁMARA DE CUENTAS AUDITÓ LAS CUENTAS ENTRE 2006 Y 2012

Lo cierto es que las cuentas de Boadilla ya han sido auditadas. Fueron remitidas por el actual ejecutivo a la Cámara de Cuentas, el órgano de Control Externo al que corporaciones locales y autonómicas tienen que rendir cuentas. En concreto, el nuevo alcalde presentó las cifras del Ayuntamiento entre los años 2006 y 2010, así como las correspondientes a sus dos años de gestión, los mismos ejercicios que la oposición quiere que «reaudite» ahora el Tribunal de Cuentas.