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Indultos: una medida 'excepcional' que libera a 500 condenados al año

La reciente anulación del indulto al kamikaze que mató a un joven en 2003 y la polémica suscitada en la Comunidad Valenciana por la campaña para pedir la medida de gracia para el ex alcalde de Torrevieja, Hernández Mateo, condenado por corrupción, han devuelto al primer plano de la actualidad a esta controvertida figura, prerrogativa exclusiva del Gobierno.

Episodios tan sonados como el indulto al banquero Alfredo Sáenz por el gobierno en funciones de Zapatero en noviembre de 2011 o el doble indulto un año después a cuatro mossos d'Esquadra condenados por torturas son ejemplos que revelan el carácter discrecional de una medida regulada por la misma normativa desde 1870.

«Es una reminiscencia histórica que está en contra de la división de poderes, ya que plasma el privilegio del Rey absolutista, que concentraba todo el poder en su persona», explica el juez decano de Madrid José Luis González Armengol, quien añade que «se mantiene por razones de justicia social«.

2012, el primer año de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, se saldó con 434 indultos, siguiendo una tónica que desmiente la excepcionalidad de esta medida: desde 1982, la media es de más de 500 indultos anuales, con cimas como los 1.154 de Felipe González en 1994 o los 1.582 en 1998 y 1.744 en 2000 con el Ejecutivo presidido por José María Aznar.

Desde 1996, los sucesivos gobiernos han concedido el indulto a 10.158 condenados, según El Indultómetro, un proyecto de Civio que recopila detalladamente información sobre la medida de gracia.

¿CUÁLES SON LOS DELITOS MÁS INDULTADOS?

En ese periodo que estudia El Indultómetro, destacan, por encima del resto, las medidas de gracia concedidas a condenados por delitos contra la salud pública.

En total, de los 10.158 indultados, 2.845 habían sido condenados por ese delito.

Le siguen, de cerca, los indultos por condenas por robos (2.005 indultados).

Sin embargo, conviene matizar estos datos y medirlos en proporción al número de condenas por cada tipo de delito para valorar su importancia.

En términos absolutos, los indultos concedidos a miembros importantes del mundo financiero, policías o cargos públicos no son mayoría pero su número gana peso en términos porcentuales, puesto que se dictan muy pocas condenas por delitos de prevaricación, torturas o fraude público al año, mientras que los casos de delitos menores son cientos de miles.

Así, los delitos contra el medio ambiente, la prevaricación de funcionarios públicos, delitos cometidos por funcionarios contra la libertad individual y malversación suman los porcentajes más altos de indultos.

Entre 2007 y 2010, 191 personas fueron condenadas por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Diez de ellas han sido indultadas, un 5,24%. Se trata de condenas por provocar o realizar emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o ruidos que puedan «perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales».

En ese mismo periodo, 49 personas fueron condenadas por delitos cometidos por funcionarios contra la libertad individual. Tres de ellos han sido indultados hasta el momento.

En cuanto a la malversación de fondos públicos, cinco de los 227 condenados en esos cuatro años ya han sido indultados, un 2,2%.

Otra de las categorías con mayor porcentaje de indultados es la que engloba los delitos de prevaricación de los funcionarios públicos (emitir una resolución o nombrar a alguien para un cargo de manera arbitraria a sabiendas de que es injusto). Seis de los 138 condenados entre 2007 y 2010 han sido indultados, un 4,35%.

En casos especialmente graves, como los de las torturas, hay porcentajes mucho menores pero que muestran el uso de esta prerrogativa: de los 10.046 condenados por torturas entre 2007 y 2010, 22 han sido indultados (un 0,22%).

SIN OBLIGACIÓN DE JUSTIFICAR

«El Gobierno tiene la potestad exclusiva de enmendar la plana a los jueces mediante los indultos», afirma González Armengol, quien se muestra partidario de no eliminar esta figura (una de las tres normas que no se pueden modificar vía Iniciativa Legislativa Popular, junto a las leyes orgánicas y las tributarias o internacionales) pero sí someterla a cambios.

«El indulto tiene que ser restringido y limitado, con argumentación y justificación. Ha de estar motivado y se debería otorgar trascendencia a los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal que sentenció el caso».

En la actualidad, el Ejecutivo únicamente tiene la obligación de publicar en el Boletín Oficial del Estado el nombre del indultado, el delito, la pena a la que fue condenado y el tipo de indulto, que puede ser total, parcial o una conmutación, que sustituye la pena por otra más leve, generalmente aminorando la condena hasta los dos años, para que el indultado evite ir a prisión si no tiene antecedentes penales.

Pero el Gobierno no está obligado a justificar las razones por las que concede el indulto.

Así, el entonces ministro de Justicia Ángel Acebes llegó a decir que «es año jubilar y llega el fin del milenio» para explicar el indulto masivo concedido el 1 de diciembre de 2000 a más de 1.300 presos, entre ellos el juez Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricación continuada. «Se entendió que era razonable y punto» fue la escueta aclaración de José Luis Rodríguez Zapatero sobre el indulto a Alfredo Sáenz.

¿CÓMO SE PIDE UN INDULTO?

La solicitud de indulto es un procedimiento «relativamente sencillo», describe Eduardo Gómez, de Red Jurídica.

«Sólo hay que presentar un escrito, dirigido a la Subsecretaria de derechos de Gracia, en el que se expongan los motivos por los que se solicita el indulto y aportar la documentación, si la hay, en la que se basa la solicitud. Una vez hecha la solicitud, el gabinete ministerial correspondiente hace un estudio y valoración de cada solicitud. Tras eso se hace una propuesta al Consejo de Ministros, sobre si conceder o no el indulto y éste, en teoría, toma la decisión».

Sin embargo, si la petición es denegada, no hay posibilidad de que prospere un recurso, ya que el Tribunal Supremo sólo puede pronunciarse sobre el incumplimiento de aspectos formales -por ejemplo, si el Gobierno se salta algún paso legal-, pero nunca sobre la decisión en sí.