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El Gobierno no exigirá colaboración a etarras que quieran volver a España

Así lo indica el Gobierno en una respuesta parlamentaria tras una batería de preguntas de UPyD en las que se interesa por la actividad del Ejecutivo para, según dice, «facilitar el retorno de miembros de la banda terrorista ETA sin causas pendientes con la Justicia».

En una de esas cuestiones, la formación liderada por Rosa Díez recuerda la información avanzada sobre la treintena de etarras que se registró el año pasado en el Consulado de Bayona y pregunta si «piensa el Gobierno solicitar su colaboración para esclarecer crímenes de la banda terrorista como condición a su retorno a España».

El Gobierno se limita a responder que «la colaboración para el esclarecimiento de atentados terroristas es uno de los supuestos previstos en el Código Penal», pero «con finalidad exclusivamente penitenciaria».

CÓDIGO PENAL DE 2003

Con esto el Ejecutivo se refiere sólo a uno de las cuatro condiciones que recoge el Código Penal desde 2003 para que los presos condenados por terrorismo puedan acceder a beneficios penitenciarios en prisión: desvinculación de ETA, pago de la responsabilidad civil, petición de perdón a sus víctimas y colaboración con la Justicia.

UPyD también pide conocer la identidad de esos 30 terroristas, pero el Gobierno replica que «los datos obrantes en el Registro de Matrícula Consular son confidenciales» según un Real Decreto del año 2000 y añade que, «por tanto, se encuentran protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos, no pudiendo ser divulgados».

Preguntado el Gobierno acerca de «si ha llevado a cabo alguna gestión que haya promovido el registro de estas 30 personas en el Consulado de Bayona», el Ejecutivo contesta que «todos los españoles tienen el deber de inscribirse en el Registro de Matrícula Consular y por tanto cada Consulado realiza las acciones necesarias para llevar a cabo tal fin».

Tampoco contesta el Ejecutivo a la pregunta de si «ha mantenido Interior o algún miembro del Gobierno un encuentro con el Fiscal General del Estado en relación al informe realizado por éste sobre los crímenes de ETA que no han podido resolverse -cerca de 300-«.

Desde el Ejecutivo se limitan a decir que «las actuaciones en el ámbito de la lucha antiterrorista están sometidas a las previsiones del Acuerdo del Consejo de Ministros sobre Materias Clasificadas, de 16 de febrero de 1996».

PERFIL DE LOS REGRESADOS

Fuentes de la lucha antiterrorista informaron en su momento que los etarras de aquella tanda de 30 tenían el perfil de etarra que lleva varias décadas huido. Siempre según estas fuentes, entre este nutrido grupo no se encuentra ningún terrorista especialmente relevante por su historial criminal.

El trámite consiste en realizar el registro consular, una cuestión para la que ETA hace ya meses que no pone obstáculos tras dar carta blanca a sus militantes sin causas pendientes o con sus delitos prescritos que de manera voluntaria decidan retornar a Francia o España.

El pasado 3 de noviembre, un grupo de huidos realizaron un acto en el sur de Francia donde manifestaron su deseo de poner fin a lo que denominan su «exilio». «Los refugiados venimos con ganas de aportar con voluntad de tomar parte en el proceso político como cualquier ciudadana o ciudadano vasco, así como con la firme intención de hacer desaparecer para siempre el exilio», decían.

Desde el Gobierno no se contempla ninguna negociación, pero el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado en varias ocasiones que aquellos que no tengan causas pendientes con la Justicia pueden solicitar sus pasaportes y regresar sin necesidad de renunciar a la banda o responder por años de militancia. «No hay ningún plan para su vuelta, sino que trabajamos para que los que decidan volver lo hagan de forma ordenada, de tal suerte, que si han de responder ante la justicia, lo hagan y los que, evidentemente, no tengan causas pendientes, como todo ciudadano español, puedan volver», explica el ministro del Interior.