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Reforma del Código Penal de Gallardón: ¿podría ser inconstitucional?

La reforma del Código Penal propuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, espera su tramitación parlamentaria una vez que fue aprobada por el Consejo de Ministros el 20 de septiembre.

Entre sus novedades destaca la aplicación de la cadena perpetua mediante la prisión permanente revisable a partir del cumplimiento de 25 años de condena.

Esta importante modificación ha suscitado numerosas opiniones sobre su constitucionalidad y su incompatibilidad con la orientación hacia la reeducación y reinserción social de las penas privativas de libertad que establece la Constitución en su artículo 25.

Así, desde el PSOE a Jueces para la Democracia han manifestado sus dudas al respecto. “Es perfectamente constitucional y se ajusta a la normativa europea“, afirma, sin embargo, José Luis González Armengol, juez decano de Madrid y portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria.

Iñaki González Gugel, de DPG Legal, no cree que vaya a ser muy utilizada. “¿Qué es eso de revisable, cuándo se va a aplicar y en qué casos? Creo que se aplicará en los casos más mediáticos y, agotado el problema del terrorismo, lo vamos a ver poco”.

¿ERA NECESARIA UNA NUEVA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL?

Pero la reforma del Código Penal impulsada por Gallardón, que hace la número 29 desde que se aprobase en 1995, recibe también críticas por su oportunidad y sus objetivos.

“Es un nuevo retroceso en el ámbito de la administración de Justicia, que junto a la regulación de la ley del aborto, la cadena perpetua o la ley de tasas, nos han hecho retroceder a planteamientos jurídicos de los que no teníamos noticias desde hace más de cincuenta años“, opina Eduardo Gómez Cuadrado, de Red Jurídica, para quien la reforma “cubre demandas del sector más populista de su electorado que reclama una legislación a golpe de noticia de telediario“.

Para González Gugel, se trata de “una modificación cobarde, que va contra el derecho ciudadano a la Justicia. El sistema tiene que mejorar en muchas cosas pero no en evitar que la gente acceda a la Justicia”. En opinión de este letrado, la reforma pretende “seguir reduciendo el tamaño de la Administración de Justicia, en ese empeño por reducir el déficit”.

“Es claramente innecesaria. Los códigos penales europeos son cortos de articulado y aquí se alargan y se hacen reformas continuamente. Responde a hechos puntuales que han creado alarma social pero también tiene un matiz político, al satisfacer las demandas de endurecimiento de penas que hace una parte de la sociedad”, explica González Armengol.

Desde No Somos Delito, plataforma ciudadana impulsada por organizaciones sociales como la Asociación Libre de Abogados, la Asociación Sin Papeles Madrid y SOS Racismo Madrid, valoran la reforma como “innecesaria, puesto que no hay ningún tipo de alarma social con respecto al crimen; injusta, porque endurece la pena al pequeño delito de forma totalmente desproporcionada en comparación con delitos en los que se mueven cantidades más grandes de dinero; y dañina, puesto que criminaliza a la población que busca estrategias de pura supervivencia o las redes de apoyo ciudadanas que sí dan soluciones a los problemas que vivimos”.

DESAPARECEN LAS FALTAS

Otra novedad llamativa en el nuevo Código Penal es la desaparición de las faltas, “tipificando como delito leve aquellas infracciones que se estima necesario mantener”, según el texto aprobado en el Consejo de Ministros, que también asegura que esto “no supone necesariamente una agravación de las conductas ni de las penas actualmente aplicables a las faltas”.

“Lo presentan como una medida para agilizar la Justicia, pero las faltas desaparecen para convertirse en delitos, que igualmente hay que atender, o en sanciones administrativas, igualmente farragosas (o más si cabe) de gestionar. Al pasar algunas faltas a delitos, supone un endurecimiento en muchos casos”, analizan en No Somos Delito.

“Si se tipifican como delitos lo que eran faltas, habrá más pleitos y habrá que darle al ciudadano la posibilidad de defenderse, de ejercer la tutela judicial efectiva”, sostiene González Gugel.

CRIMINALIZAR LA PROTESTA CIUDADANA

Otro de los aspectos
que ha suscitado controversia es el relativo a los delitos por
alteración del orden público
, definida a partir “de la referencia al
sujeto plural y la realización de actos de violencia sobre cosas y
personas” y en la que también se sanciona expresamente “la conducta de
aquellos que no participan directamente en los actos de violencia pero
incitan
a los otros”.

“Lo que hace es penalizar casi todas las
conductas de protesta
llevadas a cabo por los ciudadanos en los dos
últimos años. Casi parece que han cogido un listado de las diversas
formas de protesta llevadas a cabo y las han metido en el Código Penal”,
señala Gómez Cuadrado.

Entrar en una sucursal bancaria a
reclamar
, y que te fuercen a salir mientras te resistes, podrá ser un
delito que, además, se le puede imputar a los acompañantes de la persona
que va a reclamar e incluso al grupo que, supuestamente, 'les ampare'.
Por participar en una sentada pacífica podrás ser acusada de resistencia
a la autoridad, podrás ser procesado por haber alentado una
manifestación
(vía redes sociales) en la que al final alguien haya sido
imputado de algún delito”, enumeran en No Somos Delito.

¿VUELVE LA PELIGROSIDAD SOCIAL COMO ELEMENTO DE JUICIO?

El Código Penal reintroduce el concepto de “peligrosidad social” como elemento valorativo a la hora de fijar las medidas sancionadoras. “El límite de la gravedad de la pena viene determinado por el hecho; pero el límite de la medida de seguridad, por el contrario, se encuentra en la peligrosidad del autor“, especifica el texto.

Esto da pie a que se hable de derecho penal de autor o del enemigo, una corriente normativa que sanciona no tanto el hecho cometido sino al sujeto que lo ha cometido y su supuesta peligrosidad.

“Se valorará en la condena no sólo lo que hayas hecho sino qué podrías hacer teniendo en cuenta quién eres. Por ejemplo, si tienes un trastorno mental o eres toxicómana, se contará la supuesta 'peligrosidad' de tu persona. Es decir, entra el (pre)juicio, cuando lo que te juegas es tu derecho a vivir en paz o por lo menos el derecho a que se te juzgue por lo que has hecho”, argumentan desde No Somos Delito.

EL 'TOP MANTA' VUELVE A SER DELITO

La venta ambulante de discos grabados, el 'top manta', bolsos o complementos vuelve a ser delito, al desaparecer las faltas, como se consideraba ahora. Con ello, quienes venden tendrán antecedentes penales.

“Lo que ese está protegiendo no es un bien jurídico público o de interés general, sino solo los intereses económicos de corporaciones privadas, tales como las entidades gestoras de derechos de autor o productoras multinacionales”, sostiene Gómez Cuadrado.

Muchos de quienes venden en la calle son personas migrantes en situación irregular, con lo que esta modificación agravará su condición. Desde No Somos Delito también apuntan que darles apoyo en forma de asesoría legal o acogida en casa se va a castigar.

“Se quiere criminalizar la solidaridad entre las personas y poner al inmigrante irregular como un elemento del delito, lo cual evidencia también una clara criminalización de la pobreza“, resume el letrado de Red Jurídica.