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La reforma de ayuntamientos deja sin servicios sociales a siete millones de personas

Así lo denuncia un estudio de la Asociación Estatal de Directores y
Gerentes de Servicios Sociales que, con datos del Ministerio de
Hacienda, revela que los ayuntamientos gestionaron el año pasado 5.118 de los 15.232 millones de euros
que se destinaron a estos fines en todo el país, es decir, uno de cada
tres euros. De este dinero, el 25% (3.851 millones) fueron aportaciones
propias de las entidades locales.

El informe concreta
además, que 2.410 millones de los 5.118 gestionados fueron a políticas
de educación (becas de comedor, por ejemplo) y 802 millones se
destinaron al área de sanidad. El 38% del total se empleó en la adquisición de servicios en el sector privado para su entrega directa a los ciudadanos (como ayuda a domicilio o teleasistencia) y un 21% a transferencias directas ya fuera a individuos o familias o a las ONG que les atienden.

El presidente de la organización, José Manuel Ramírez, afirma que
retirar las competencias de los ayuntamientos en materia de servicios
sociales, como persigue la Reforma Local, supondrá «un desmantelamiento del sistema»
porque el dinero que ahora se destina desaparecerá. «¿Acaso podrían las
comunidades autónomas afrontar un gasto de 3.851 millones de euros y
cumplir el objetivo de déficit?», ha planteado.

En declaraciones a Europa Press, Ramírez ha puesto el acento en que «el ahorro se produce por el cierre, no con su reorganización».
«Es como si de repente –el plazo previsto en la ley para suspender
estas competencias es de un año– se cierra un tercio de los centros de
salud o de las escuelas: La reforma local va a cerrar un tercio de los
centros y servicios del sistema público de servicios sociales», ha
asegurado.

En su opinión, el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, «no sabe lo que está haciendo» porque ha promovido la
reforma «desde la más absoluta ignorancia sobre los servicios sociales»
y ni políticos ni ciudadanos se están dando cuenta de las
consecuencias: «las personas más vulnerables del país se van a quedar
sin atención» y «el ahorro no va a ser tal, sino incremento del gasto».

En este sentido, incide en que por cada euro que gasta un
ayuntamiento en servicios sociales, las comunidades autónomas deben
destinar dos, aunque sólo sea por la falta de proximidad. Además,
recuerda que cuatro de cada diez euros que gastan van a parar a manos
del sector privado, lo que genera actividad económica, y, generalmente,
mediante la asignación de contratos plurianuales que, una vez se apruebe
la ley, quedarían incumplidos. «¿Quién va a indemnizar en estos
casos?», añade.

Ramírez, cuya organización ha pedido
comparecer en el Congreso para ofrecer esta perspectiva durante la
tramitación de la reforma local, llama a la «cordura» y recuerda que en
plena crisis económica, los servicios sociales de proximidad «son
vitales» para los más de siete millones de personas que atienden cada
año, con una red en la que se incluyen, por ejemplo, 562 residencias de
personas mayores con 30.000 plazas o 650.000 beneficiarios del servicio
de ayuda a domicilio.