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PSOE, IU-ICV y nacionalistas piden retirar la 'ley estrella' de Margallo

Izquierda Plural presenta un texto alternativo que evita mencionar al Rey como Jefe de Estado y que pide votar embajadores en el Congreso

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), los nacionalistas de CiU, PNV y BNG y los independentistas de Esquerra (ERC) y Amaiur han pedido al Gobierno que retire el proyecto de Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado –en trámite parlamentario– al entender que todo el proyecto rezuma un afán «innecesario» de controlar y limitar la actividad de las Comunidades Autónomas (CCAA) en el exterior.

El grupo de IU-ICV-CHA presenta incluso un texto alternativo al proyecto del Gobierno que evita mencionar explícitamente al Rey como Jefe del Estado y que aspira a que el Gobierno consulte con las Cortes los nombramientos de embajadores.

El PSOE y CiU inciden además en el carácter «muy residual» que la política de cooperación tiene en el proyecto de ley, mientras que los socialistas echan en falta una redacción «más ambiciosa» sobre las competencias que el Parlamento debería tener en materia de acción exterior.

COORDINACIÓN SÍ, SUMISIÓN NO

«Abusivo», «innecesario», «insólito» y «desproporcionado» son algunos de los adjetivos que estos grupos emplean en sus enmiendas a la totalidad –a las que ha tenido acceso Europa Press– para arremeter contra la intención del Gobierno de que las CCAA informen con carácter previo al Gobierno de los viajes que pretendan hacer al extranjero o de la apertura de oficinas autonómicas en el exterior.

CiU advierte incluso de que la redacción actual de la disposición adicional cuarta de la ley «puede dar amparo al Estado para impedir o limitar la acción exterior de la Generalitat, incluso la de abrir o conservar las delegaciones en el exterior, basándose en el incumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera».

Uno de los primeros borradores del anteproyecto –modificado posteriormente– daba expresamente potestad al Ministerio de Hacienda para prohibir a una CCAA la apertura de delegaciones en el exterior en caso de que hubiera incumplido su objetivo de estabilidad presupuestaria.

Para los nacionalistas de CiU y PNV, el proyecto de ley elaborado por el Ejecutivo supone una «injerencia» en las competencias reconocidas en materia de acción exterior a las CCAA, cuyos límites, recuerdan, establece una sentencia del Tribunal Constitucional de 1994.

Según esta sentencia, la actividad de las CCAA en el exterior debe limitarse a aquellas que «no originen obligaciones inmediatas y actuales frente a poderes públicos extranjeros, no incidan en la política exterior del Estado y no generen responsabilidad de éste frente a Estados extranjeros u organizaciones inter o supranacionales».

Los nacionalistas también critican la aspiración del Gobierno a que las CCAA sometan su actividad en el exterior a las directrices del Ejecutivo. «El rol de las CCAA no puede ser la de mero sujeto pasivo de la estrategia exterior fijada por el poder central», avisa el PNV.

Los independentistas de ERC, por su parte, no se creen «las supuestas motivaciones económicas» del interés del Gobierno para racionalizar y controlar el gasto autonómico pues consideran que las embajadas del Estado incurren en «exagerados, lujosos y suntuosos gastos» sin que se establezcan límites.

En este punto, los socialistas consideran que el proyecto de ley «no ofrece ninguna solución eficaz en relación con la necesidad de coordinar la acción exterior de la pluralidad de sujetos que llevan a cabo la misma».

Bajo su punto de vista, en esta ley el Gobierno vuelca «una determinada visión de sus relaciones con las CCAA, asunto claramente de política interna», algo que consideran «muy grave», ya que el texto «debería estar centrado en la acción exterior» del país.

FALTA DE CONSENSO

El PSOE critica también la falta de consenso y participación en la elaboración de la norma, a la que ve además «huérfana» de criterios y principios que la puedan regir, «como la lucha contra la pobreza o el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales».

Echa en falta «una definición adecuada de los cauces de relación entre el Gobierno y el Parlamento en materia de acción exterior» y ven la redacción actual de la norma «poco ambiciosa desde el punto de vista de democratización de la acción exterior del Estado».

En este sentido, recuerdan que el reglamento del Servicio Europeo de Acción Exterior o la Ley de Cooperación son más ambiciosos en este punto, «al prever el debate y dictamen de sus planes por sus órganos representativos».