Quantcast

Ley de consultas y presupuestos, asignaturas del curso parlamentario catalán

Si desde el principio de la legislatura, en diciembre, hasta el receso veraniego sólo se aprobaron una ley y siete decretos-ley, en el nuevo periodo de sesiones se prevé algo más de actividad legislativa, puesto que concluirán los diversos textos en trámite.

El más avanzado es el proyecto de ley del impuesto sobre los depósitos a las entidades de crédito, aunque también entra en la fase final la proposición de ley de consultas populares no referendarias y de participación ciudadana, pieza clave en el entramado diseñado por el Govern de Artur Mas para poder celebrar la consulta soberanista en caso de que no la autorice el Estado.

El texto se está tramitando en comisión y el lunes se abre el plazo para que los grupos puedan presentar enmiendas al articulado, un plazo que durará hasta el 13 de septiembre, si los partidos no piden una prórroga.

Paralelamente, el próximo martes, a la una del mediodía, la comisión de estudio del derecho a decidir se reunirá por segunda vez, tras la primera sesión constituyente de antes de verano, con el objetivo de elaborar el plan de trabajo y aprobar las primeras comparecencias.

Esta comisión, que sirve para preparar desde el ámbito parlamentario todo el proceso hacia la consulta de autodeterminación, fue aprobada por el pleno del Parlament con 106 votos a favor de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP.

En cambio, votaron en contra PPC y Ciutadans (C's), dos grupos que además declinaron asistir a cualquier reunión de la comisión, al considerar que estudiar vías para celebrar una consulta de autodeterminación no es competencia del Parlament.

El primer pleno de la cámara legislativa catalana del nuevo periodo de sesiones es el debate de política general, que empezará el 25 de septiembre y se prolongará tres días.

Será el primero de política general de la legislatura y girará en torno al debate soberanista y a los presupuestos del 2014, que el ejecutivo catalán quiere llevar a la cámara este otoño, tras haber aprobado una prórroga presupuestaria para 2013 que ha tenido el rechazo de todos los grupos, salvo CiU y ERC.

En este escenario poco amable, agudizado por el anuncio de ICV-EUiA de llevar a los tribunales la prórroga por “ilegal”, el Govern deberá presentar unos presupuestos de 2014 con un límite de déficit aún mayor que el actual, del 1 % del PIB, que le obligará a buscar ingresos aumentado la presión fiscal con los tributos pactados con los republicanos.