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El Gobierno anuncia un plan de choque contra la pobreza

Los comedores sociales se han convertido en la única posibilidad de llevarse algo al estómago para miles de personas. Las colas para ser atendidos en estos centros son cada vez más largas. Ocurre lo mismo en los bancos de alimentos y otras organizaciones no gubernamentales. A ellas acuden personas que hasta hace bien poco conformaban la denominada clase media, pero que la crisis ha golpeado duramente hasta convertirlos en esos pobres invisibles. Según los últimos datos de Cáritas, en España hay tres millones de personas en una situación de pobreza extrema, la antesala de la exclusión. El 20% de los niños viven en el umbral de la pobreza. Ante estas cifras las ONG empiezan a desbordarse. Para paliar este problema el Gobierno prepara un Fondo de Urgencia Social que estará dotado con 60millones de euros para atender a las familias en situación más grave con problemas para alimentar a sus propios hijos.

«El programa está pensado para familias que lo están pasando realmente mal. Con todos los miembros en paro, sin prestaciones, en zonas deprimidas… En una situación de riesgoabsoluto», explica el secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno. La financiación de este programa procede de la recaudación del IRPF que ascendió a 210 millones de euros este año. El Ejecutivo ha priorizado estas ayudas para organizaciones sociales que lleven a cabo proyectos de atención a la familia, infancia y urgencia social. «Hemos priorizado aquellos programas con nivel asistencial en ámbitos de riesgo de exclusión social», insiste Moreno.

Esto no significa que las subvenciones del IRPF dejen de financiar otros proyectos destinados a la discapacidad o las personas mayores, por ejemplo. Lo que ocurre es que se reserva una dotación de 60millones expresamente para combatir la pobreza. «En un momento de crisis social no tiene sentido algunos programas que hemos financiado tradicionalmente de ocio y tiempo libre», explica Moreno. El plazo para que las ONG presenten sus proyectos finaliza el 18 de agosto. Después llegará el momento de evaluarlos.

Estas ayudas se enmarcan dentro del Plan de Inclusión Social que el Gobierno pretende aprobar antes de final de 2013 y que será válido para tres años. Este programa afronta la exclusión social desde todos los ámbitos por lo que requiere de la coordinación de varios ministerios. «Para combatir la exclusión social es importante el empleo. Pero también medidas de carácter, sanitario, social, judicial, educativo. Por esto requiere una política horizontal», argumenta Moreno. Uno de los objetivos del plan es impulsar la inclusión activa a través del empleo de las personas vulnerables. También pretende garantizar un sistema de prestaciones que permita apoyar económicamente a aquellas personas con necesidades especiales. Asimismo, contempla la prestación de unos servicios básicos enfocados de forma particular hacia los colectivos más desfavorecidos. Por último, contiene «medidas específicas y áreas de acción dirigidos a la atención de los grupos más vulnerables».

Proveedores

Por otra parte, la secretaria de Servicios Sociales recuerda la importancia de la inclusión de las ONG en el plan de pago a proveedores.Con esta medida el Ejecutivo destinará 687 millones de euros para que las entidades cubran las deudas que a su vez hayan contraído por los impagos de las administraciones autonómicas y locales. El Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales espera que se reactive el Tercer Sector, no solo mediante el pago de las nóminas de los trabajadores, sino de la puesta en marcha de proyectos enfocados en la lucha contra la exclusión social.

El Gobierno ha puesto a las familias como prioridad en sus políticas sociales. «Queremos protegerlas porque son una parte importantísima de la arquitectura social del país», asegura Moreno. Sin embargo, el secretario de Estado reconoce que se han topado con dificultades económicas. «Estamos a la espera de la capacidad de recursos que tenemos», confiesa. Y es que muchas de las iniciativas recogidas en el plan, como incentivos fiscales o disminución de cargas económicas, deben pasar el filtro de Hacienda.