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Lasquetty defiende los pliegos sanitarios

El consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha defendido la modificación de los pliegos sanitarios para eximir parcialmente de las garantías económicas a las empresas que optaban a gestionar seis hospitales públicos, y ha descartado las irregularidades en el proceso de las que le acusa la oposición.

El consejero ha comparecido a petición propia en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, donde ha informado de la situación del concurso sanitario, paralizado de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a raíz de un supuesto defecto de forma denunciado por el PSM.

Casi nueve meses después de anunciarse la medida, los tres grupos de la oposición -PSM, IU y UPyD- han pedido una vez más al consejero que retire el que consideran el «mayor conflicto sanitario» de la democracia y le han expresado sus dudas sobre la limpieza con que se ha llevado a cabo el proceso.

«Usted ha llamado personalmente, y me consta porque amigos míos estaban delante, a directivos de empresas sanitarias pidiendo que se presentaran», le ha espetado a Fernández-Lasquetty el diputado del PSM José Manuel Freire, quien además ha insinuado que el hecho de que ninguna de las tres candidatas se haya interesado por un mismo centro indica un «reparto» orquestado por la Administración.

Ante estas acusaciones, el titular de Sanidad ha respondido que esas casualidades «suceden» del mismo modo que «es posible que a alguien le caiga un rayo encima» por pocas que sean las posibilidades, y ha insistido en que «nadie ha ido a buscar a nadie» para que se presentase al concurso. «No puede haber reparto ni condicionamiento previo en un recurso abierto ya que si fuese así ahora no habría recursos de sindicatos ni partidos políticos sino de quien se hubiese sentido mal tratado», ha zanjado.

Interés partidista

El consejero ha reprochado a los socialistas que estén poniendo en riesgo la salud de los madrileños con su «boicot» al proceso y su «acoso» a través de recursos judiciales, y ha enmarcado esta actitud en un interés partidista porque, les ha reprochado, no se opusieron hace unos años a procesos similares que llevaron a que la gestión del Infanta Elena, Torrejón y Rey Juan Carlos ya sea privada.

Los socialistas llevaron a los tribunales la modificación de los pliegos que rebajaban la fianza impuesta de un 5 % del importe total del contrato a un 5 % anual, un cambio que según ha defendido Fernández-Lasquetty se debió a un «error material» que había que subsanar dado que el Gobierno optó por una «exención parcial» de las garantías económicas igual que la que se hizo en anteriores licitaciones sin que ese criterio fuese «cuestionado». «Ni a mí ni a los tribunales ni a nadie nos puede meter esto como un error», le ha respondido el socialista, que también ha sembrado dudas sobre si las supuestas entregas de dinero al PP por parte de empresas investigadas en el caso Bárcenas podrían tener relación con la concesión de los tres centros madrileños ya privatizados, algo que para el consejero no guarda «ni la más mínima relación».

También los portavoces de UPyD e IU en la Comisión de Sanidad, Enrique Normand y Rubén Bejarano, respectivamente, han reclamado la retirada de la propuesta de los populares y han insistido en que los nuevos pliegos de condiciones para reducir las garantías económicas impuestas a las empresas incumplen lo establecido en la ley de contratos.

A una semana de que termine el plazo para que el TSJM resuelva si mantiene o no la suspensión cautelar del proceso al cumplirse el plazo de diez días hábiles desde que la Consejería presentó sus alegaciones, el presidente madrileño, Ignacio González, ha deseado que esa medida se «levante» porque, ha dicho, «no hay ninguna razón para que exista». En la línea de lo expresado por el consejero en la Asamblea, el jefe del Ejecutivo madrileño ha insistido en que los socialistas no están legitimados para reclamar la medida cautelar, pero tanto ellos como el resto de la oposición han mantenido hoy su voluntad de no claudicar en su idea de evitar que pase a manos privadas la gestión de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo.