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Los dependientes menores de 3 años tendrán ayudas específicas

Los menores de 3 años dependientes contarán con un plan específico de ayudas y actuación en materia sanitaria y de servicios sociales. Así lo acordaron el Gobierno y las comunidades autónomas en el Consejo Territorial de Servicios Sociales celebrado este jueves en el que también se aprobó el nuevo sistema información sobre beneficiarios para mejorar la coordinación entre administraciones y evitar la duplicidad de expedientes o el registro erróneo de dependientes.

En España hay 5.900 menores de 3 años con alguna discapacidad que han solicitado la ayuda a la dependencia, aunque solo ha sido reconocida a 2.339. Sin embargo, sus necesidades específicas derivadas de su corta edad no se desarrollaron en la ley a pesar de estar previsto en la normativa. El plan integral de atención a estos menores dependientes aprobado este jueves contempla prestaciones económicas específicas o subvenciones para adaptar el domicilio familiar a las necesidades del menor. «Se establece un marco normativo básico con criterios comunes en todo el territorio para garantizar una atención temprana como servicio público, universal y gratuito», aseguró la ministra de Sanidad y Servicios Sociales, Ana Mato.

Por otra parte, el Consejo Territorial también aprobó el nuevo sistema informático de base de datos (una modificación del SISADD actual) para reforzar el control sobre los dependientes y evitar un desfase entre los beneficiarios reales y los registrados, como puso de manifiesto el Tribunal de Cuentas al detectar hasta 40.000 fallecidos que aún continuaban inscritos como beneficiarios con el consiguiente desembolso incorrecto de prestaciones por parte del Estado a las comunidades autónomas.

El Ministerio pedirá ahora a las comunidades hasta medio centenar de datos obligatorios de los beneficiarios de prestaciones como la fecha de solicitud de la ayuda, la fecha de la concesión y de la efectividad de ese derecho -cuándo empieza a recibir la prestación-, así como el tipo de ayuda y servicio reconocido al dependiente. Pero también información económica como el nivel de renta del dependiente. Si estos datos estuvieran incompletos el Estado no aportará la cuantía correspondiente al nivel mínimo de dependencia de ese beneficiario. Además, según el borrador de la normativa, «se expedirá mensualmente una certificación relativa a los datos incorporados por un responsable autonómico «con rango al menos de director general». De esta manera se pretende fijar un responsable último de la información entregada.

«Lo importante es que el nuevo sistema no merme el servicio de los beneficiarios», aseguró la Consejera de Familia e Igualdad de Castilla y León, Milagros Marcos, a su llegada al Ministerio. Y es que no de los peligros es que por un error de la administración al transferir los datos, el perjudicado sea el beneficiario. Para tratar de evitar estos casos, el Imserso (el órgano encargado de gestionar esas ayudas) cotejara los datos con la Policía y los juzgados.

Plazo de un año

El Ejecutivo espera tener en marcha este sistema en el último trimestre del año para los beneficiarios de nuevo acceso. Para el caso de los dependientes ya inscritos, se fija un plazo de un año para revisar toda la información existente y completarla con los nuevos datos obligatorios, que para estos casos se verán reducidos a una treintena.

Pero el Gobierno también quiere saber cuánto y cómo se gastan las comunidades autónomas los recursos en dependencia. Para ello les exigirán anualmente datos económicos sobre los servicios ofrecidos (teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día, atención residencial…) y sobre la dotación de las prestaciones. Una medida cuya finalidad, según el Ministerio, es conocer el coste total del sistema de dependencia.