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La juez Alaya imputa a Magdalena Álvarez por el caso de los ERE

La juez instructora del caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha decidido imputar a la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez en un auto que ha dado a conocer este martes.

Magdalena Álvarez, actualmente vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, fue consejera de Hacienda entre 1994 y 2004 durante el mandato presidencial de Manuel Chaves.

En el auto judicial, la instructora imputa también al que era viceconsejero José Salgueiro cuando sucedieron los hechos que está investigando. Salgueiro presidió la empresa pública ferroviaria Renfe cuando Magdalena Álvarez ejerció de ministra en el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Fuentes judiciales han confirmado que en el nuevo auto de la juez Alaya
imputa a una veintena de altos cargos de la Junta de Andalucía
, entre ellos el
exinterventor general Manuel Gómez, que fue quien alertó en numerosas ocasiones
de que había anomalías en el proceso de concesión de ayudas, aunque sin
advertir menoscabo de fondos públicos.
Gómez, que fue consejero durante dos
meses y medio al presentarse Magdalena Álvarez a las elecciones generales, está
citado a declarar el próximo día 25 de julio.

Con estas imputaciones, Alaya retoma una de las líneas de investigación de
la trama, la de la concesión de las ayudas y cómo salía el dinero de la Junta.
El juzgado investiga un fraude de más de 150 millones de euros en una partida
que a lo largo de una década sumó 1.500 millones de euros, incluidos gastos.

En su auto, la jueza considera que “ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas, las cuales, en la ejecución de sus respectivas competencias, habrían permitido este uso indebido de las transferencias de financiación, con las consecuencias del dispendio continuado de fondos públicos que incidiariamente se ha venido observando a lo largo de la presente instrucción”.

En el caso de la exministra de Fomento Magdalena Álvarez, la jueza dice que como consejera de Economía y Hacienda desde 1994 a 2004 fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de 4 de junio de 2003.