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Eleva a CGPJ un protocolo para enfermos mentales que se nieguen a tratamiento

Alicante, 23 nov (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha elevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un documento elaborado por la Audiencia de Alicante sobre el protocolo a aplicar para las personas que se niegan a seguir el tratamiento médico prescrito para su enfermedad mental.

Según el TSJCV, el objetivo es establecer unas pautas para el cuidado y tratamiento de aquellas personas que padecen un trastorno mental grave, cuando la falta de esa medicación pautada sea gravemente perjudicial para su salud o para la de los demás.

Para ello, se llevará a cabo un tratamiento integral individualizado socio-sanitario que incluya la recuperación física, mental, social y profesional de la persona, que permitirá la mejora objetiva de su calidad de vida.

Necesariamente habrá que contar con unidades de salud mental completas, con psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, auxiliares de ayuda a domicilio, trabajadores del área de la integración social, responsables de evaluar y definir un plan terapéutico integral para cada una de las personas afectadas.

La práctica jurídica actual sólo utiliza dos vías ante los casos de personas con enfermedad mental grave que se niegan a seguir el tratamiento médico necesario.

Una es la del internamiento judicial, mediante la petición al juez civil del ingreso temporal en un hospital cuando el estado clínico del enfermo así lo aconseja, y otra es la incapacitación, cuando se considera que no puede regir su persona y bienes.

La falta de una vía intermedia entre ambas produce en ocasiones un fenómeno de "puerta giratoria", con ingresos cortos y repetidos que saturan los servicios hospitalarios.

Para los casos en los que un tratamiento médico ambulatorio pueda estar indicado, este protocolo busca ofrecer una herramienta terapéutica más ajustada a la situación concreta del enfermo.

El documento hace especial hincapié en la idea de que la atención del enfermo implica un tratamiento integral sanitario.

Los principios rectores de este protocolo son que cada intervención tenga una indicación específica acorde con el diagnóstico, sea proporcional a la gravedad del estado del paciente y tenga una duración determinada, abarcando el tiempo necesario para la naturaleza y gravedad de la situación, debiendo ser interrumpida tan pronto como sea posible.

Además, debe ser periódicamente evaluada, teniendo siempre el afectado una activa participación en este proceso.

Para la Audiencia de Alicante, la implantación de este protocolo exige la especialización de los órganos judiciales y, en concreto, de los juzgados de primera instancia, con la creación de un juzgado exclusivo de internamientos e incapacidades, y la adscripción de un médico forense con capacitación específica en psiquiatría, para garantizar una respuesta técnicamente competente. EFE

ams/ero