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Narcotráfico corrompió a fondo al órgano de lucha contra las drogas en México

Juan David Leal

México, 21 nov (EFE).- El cartel de drogas del Pacífico logró corromper a fondo al máximo órgano de lucha contra el narcotráfico en México, la SIEDO, según quedó constatado hoy con la revelación de que el ex titular de esa entidad recibía medio millón de dólares al mes para filtrarle información confidencial.

El ex zar antidrogas Noé Ramírez Mandujano, que de diciembre de 2006 a julio pasado encabezó la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), fue detenido ayer por recibir 450.000 dólares (357.000 euros) mensuales del cartel del Pacífico, afirmó a la prensa el fiscal general de México, Eduardo Medina Mora.

La SIEDO es un brazo de la Procuraduría (Fiscalía) General de la República (PGR), que junto a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) puso en marcha en octubre pasado la llamada "Operación Limpieza", causante de la detención de siete altos mandos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Ramírez lideró la SIEDO durante los 20 primeros meses de gestión del presidente Felipe Calderón y actualmente era el representante de la PGR ante la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con sede en Viena.

El cartel del Pacífico es una de las organizaciones criminales más peligrosas del país, fruto de la fusión de los hermanos Beltrán Leyva y del cartel de Sinaloa, si bien actualmente ambos bandos están enfrentados a muerte.

Aunque la lucha armada contra el narcotráfico en México la lidera el Ejército y la Policía Federal, la SIEDO se encarga de toda la inteligencia y las investigaciones.

La PGR acusa a Ramírez de reunirse, en una fecha reciente que las autoridades no especificaron, con un contacto del cartel del Pacífico (testigo protegido de la fiscalía).

A esa cita el ex zar antidrogas asistió en compañía de Miguel Colorado González y Fernando Rivera Hernández, quienes en esa época eran coordinador general técnico de la SIEDO y director general adjunto a cargo de Inteligencia de esa coordinación, respectivamente.

A Colorado y Rivera, también detenidos en las últimas semanas, se les acusa de filtrar información a los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva.

EEUU pidió a México una orden de detención con fines de extradición para Colorado, la cual ya ha sido concedida.

El pasado martes fue capturado también de forma preventiva el jefe de la Interpol México, Ricardo Gutiérrez Vargas, al que se investiga por haber facilitado supuestamente operaciones de narcotráfico en el aeropuerto de la capital mexicana.

Asimismo están bajo arraigo (detención preventiva) el ex jefe de la Policía Federal Preventiva (PFP) Gerardo Garay y Rodolfo de la Guardia García, ex alto funcionario de la Agencia Federal de Investigación (AFI), el equivalente al FBI estadounidense.

También han sido capturados dos integrantes menores de la AFI, Jorge Alberto Zavala y Antonio Mejía Robles, mientras sus colegas Francisco Javier Jiménez y José Antonio Cueto López están prófugos.

Todos ellos están todos relacionados con el cartel del Pacífico, "en unos casos con la vertiente de los hermanos Beltrán Leyva y en otros con la vertiente de los hermanos Zambada", Ismael, alias "El Mayo", y Jesús, alias "El Rey", este último detenido en octubre.

Según el diario Reforma, la detención de "El Rey" Zambada ayudó en parte que se destapara la red de corrupción en las fuerzas antidroga mexicanas.

Por otra parte, Medina Mora aseguró que "no existe ninguna investigación, ninguna imputación" contra Genaro García Luna, titular de la SSP, cuya permanencia en el cargo ha sido cuestionada por la prensa mexicana dado que muchos de los detenidos fueron ex colaboradores cercanos suyos.

La purga en las instituciones de seguridad se da en el contexto de una espiral ascendente de violencia de los carteles de la droga, responsables este año de la muerte de cerca de 5.000 asesinatos, cuando en todo 2007 esos crímenes no llegaron a 3.000.

La cruzada gubernamental contra la corrupción policial tiene en la mira a 152.000 agentes municipales (40 por ciento del total de policías en el país) y a 203.000 estatales (54 por ciento), que en algunos puntos han sido sustituidos por federales y militares. EFE

jd/rac/rt

(con fotografías)