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Fiscal dice que Roca participó en "plan diseñado" para desviar dinero público

Madrid, 21 nov (EFE).- La fiscal ha asegurado hoy que el ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, para quien pide 10 años de cárcel por el desvío de fondos municipales, compró "sociedades mercantiles inactivas" y las puso "a disposición del entramado y del plan perfectamente diseñado".

Así se ha manifestado la fiscal anticorrupción Belén Suárez en la lectura de su informe final en el juicio de la Audiencia Nacional a Roca y a otros cinco acusados de desviar fondos del consistorio marbellí entre 1991 y 1995, para los que el Ministerio Público pide penas de entre ocho y diez años de prisión.

Suárez ha subrayado que Roca hizo "una aportación suficientemente importante" para lograr el desvío de fondos públicos, al comprar cuatro sociedades mercantiles inactivas -Dintak S.A., Cantera Nasok S.A., Contratas Peninsulares S.A. y Contratas El Plantío S.A.-, y ponerlas "a disposición del entramado y del plan perfectamente diseñado en el que cada uno tenía una participación diferente".

La fiscal ha recalcado que Roca "ni siquiera" incorporó las sociedades al registro mercantil y ha apostillado: "Las dejó ocultas para que en cualquier información que nos llevara a ellas no apareciera él ni su propia madre", que figuraba como compradora de las mismas en la base de datos de la Agencia Tributaria.

Roca, presunto autor de un delito de malversación de caudales públicos y de otro continuado de falsedad en documento mercantil, ha sido señalado por la fiscal como "uno de los tres principales acusados" por "su hacer directo e inmediato, esencial para el objetivo" de desviar fondos del consistorio.

Además, la fiscal ha destacado que el ex alcalde marbellí Jesús Gil ejercía el "dominio de los fondos públicos", pues podía disponer de ellos y "realizar transferencias sin necesidad de que se justificaran".

Respecto al presunto contable del entramado financiero, Manuel Jorge Castel, Suárez ha asegurado que realizó "el guión" de la trama y determinó "cómo se tenían que encubrir las disponibilidades" del dinero público.

Al referirse a Contratas 2000, una de las sociedades municipales con las que los acusados presuntamente sustrajeron el dinero, la fiscal ha afirmado que "solamente se puede entender una finalidad: disponer de esos fondos sin control y con destinos totalmente distintos" del de servicio público.

Roca y el empleado de la sociedad municipal Contratas 2000 Eduardo Gonzálvez se enfrentan a diez años de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos y otro continuado de falsedad en documento mercantil.

Anticorrupción reclama la misma pena para el asesor jurídico del ex alcalde Jesús Gil, José Luis Sierra, y el considerado contable del entramado financiero, Manuel Jorge Castel.

Para los otros dos acusados, el empleado de la sociedad Planeamiento 2000 Francisco Javier Herrera y la esposa del gerente de Contratas 2000, Purificación Notario, la fiscal pide una pena de ocho años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos.

Según el Ministerio Público, los procesados urdieron un "artificio contable" para distraer fondos del consistorio marbellí mediante la creación de unas sociedades municipales con las que, bajo la excusa de gestionar a través de ellas la actividad del Ayuntamiento, sustrajeron el dinero.

Para desviar ese dinero, utilizaron supuestas facturas "que no respondían a ningún servicio real prestado ni a operación económica alguna" y que eran emitidas por "sociedades inactivas" -adquiridas por Roca a nombre de su madre- por un importe equivalente al de los fondos desviados.EFE

lh.jav/rs