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Comunidad Murcia envía a juzgado procedimiento abrió a funcionario detenido

Murcia, 21 nov (EFE).- La Comunidad Autónoma de Murcia ha remitido al juzgado de instrucción número 6 el procedimiento administrativo que abrió al ingeniero funcionario José Luis Cano, detenido desde el pasado martes en relación a una supuesta trama de corrupción urbanística en Librilla.

Así lo anunció hoy en conferencia de prensa la portavoz del gobierno, María Pedro Reverte, al término del Consejo de gobierno y tras dar lectura a las referencias de lo tratado en la reunión del Ejecutivo autonómico, y añadió que fueron remitidos además otros documentos y que todo ello se ha enviado "de forma proactiva y sin necesidad de requerimiento judicial, por si pudiera ser de interés en la investigación".

El citado procedimiento administrativo fue abierto a raíz de una información aparecida en prensa en abril de 2007 en la que el PSRM-PSOE acusaba a Cano de "haber utilizado como tapadera" a la empresa ACADI para adjudicarse y gestionar el PGO de Librilla, si bien al término del procedimiento, que incluyó la toma de declaración del funcionario, "no se detectó ninguna irregularidad administrativa", aseguró Reverte.

Aclaró que el citado procedimiento se abrió sin que hubiera interpuesta ninguna denuncia en la administración ni recurso contra el funcionario por si hubiera alguna presunta irregularidad a tenor de lo dado a conocer por el PSRM-PSOE a los medios de comunicación.

Preguntada por unas críticas del secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, augurando que no echarán de la alcaldía de Librilla como tampoco lo hicieron en otras del PP cuyos alcaldes también fueron detenidos, Reverte pidió al líder socialista que "lejos de hacer aseveraciones demasiado gratuitas, que si ve alguna irregularidad lo que debe hacer es denunciarlo".

Así mismo dijo que "Saura va de listo de la clase y se adelanta a todo, sabe todo lo que va a pasar y todo lo que va a suceder".

"La investigación afecta a un solo funcionario de la comunidad, por lo que no hay ninguna trama en la comunidad", afirmó, y como responsable de la Función Pública defendió "la honradez y eficacia de los mas de 45.000 funcionarios de la administración regional", y dijo que no permitirá "que se lesione interesadamente la imagen de los trabajadores públicos".

En cuanto a una posible actuación contra el funcionario detenido y en excedencia voluntaria desde el 1 de junio de 2007, indicó que será una sentencia condenatoria, en su caso, la que determine la repercusión o las actuaciones que la administración regional deberá adoptar. EFE

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