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Salgado informa a los entes locales del impacto de la futura ley de Servicios

Madrid, 19 nov (EFE).- La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, ha informado hoy a las entidades locales de la incidencia que va a tener la nueva ley que traspondrá la Directiva Europea de Servicios, que tiene como fin incentivar la iniciativa empresarial y reducir los trámites para iniciar nuevos negocios.

Salgado ha presidido hoy la sesión plenaria de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), el órgano permanente para la colaboración entre el Estado y las entidades municipales, según una nota del Ministerio de Administraciones Públicas.

La ministra les ha expuesto el anteproyecto de Ley sobre el Libre Acceso y Ejercicio de las Actividades de Servicios, por la que deberán cambiarse 7.000 normas de las tres administraciones -central, autonómica y local- y de entidades con capacidad normativa como los colegios profesionales antes del 28 de diciembre de 2009.

La futura ley pretende estimular a los emprendedores y alentar la creación de empresas del sector servicios, reduciendo las habituales trabas burocráticas.

También se reforzarán los derechos y garantías de los consumidores y se abrirá una ventanilla única donde se podrán hacer todos los trámites por medios tecnológicos para desarrollar la actividad en cualquier país de la UE.

La directiva europea, aprobada en diciembre de 2006, prohíbe además discriminar por razón de nacionalidad a las compañías que operen en Estados distintos al de origen.

Salgado ha dado cuenta de los resultados del estudio sobre los ámbitos sectoriales en los que existen ordenanzas potencialmente afectadas por la Directiva de Servicios.

Estos sectores son comercio, transportes, medioambiente, energía, deportes, espectáculos públicos y sociedad de la información y comunicaciones.

El presidente de la Federación Española de Municipios de Provincia (FEMP), el socialista Pedro Castro, ha planteado en la reunión la necesidad de incrementar los recursos económicos de los ayuntamientos para hacer posible la adaptación a la nueva normativa comunitaria.

La FEMP considera que "sin recursos suficientes", los consistorios no podrán dotarse de los medios humanos y materiales imprescindibles para garantizar el desarrollo de la norma, según una nota de esta organización.

Castro ha expresado el apoyo de la FEMP a todas las medidas destinadas a reducir las cargas burocráticas y el acceso a la administración electrónica.

No obstante, ha hecho hincapié en la conveniencia de que los gobiernos locales estén representados "de igual a igual" en los órganos de coordinación administrativa en los que se decida la aplicación de la directiva. EFE

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