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Salgado: más restricciones en incompatibilidades no darían más transparencia

Madrid, 19 nov (EFE).- La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, ha considerado hoy desproporcionado introducir más restricciones en el régimen de incompatibilidades de altos cargos, ya que no aumentaría la transparencia y sí ayudaría a poner bajo sospecha su actuación o a dificultar la captación de los mejores.

Así lo ha sostenido la ministra durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en respuesta a una interpelación del grupo de ERC-IU-ICV, sobre el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos vigente en la actualidad y sus posibles reformas.

La titular de Administraciones Públicas ha subrayado que en toda la democracia "no ha habido un Gobierno más interesado por la transparencia" que el del PSOE, y ha remarcado que la ley que regula los conflictos de intereses "cumple satisfactoriamente" con su cometido.

Objetivo, ha dicho, que no sólo es determinar las incompatibilidades sino resolver y prevenir conflictos de intereses e impedir que en las decisiones públicas de los altos cargos haya riesgo de que confluyan intereses privados, y para ello la normativa impone ya un conjunto "muy amplio" de limitaciones.

Salgado ha rechazado que el hecho de que no se haya desarrollado el reglamento de la ley signifique que ésta no se esté aplicando; al contrario, la norma ha establecido "cautelas nuevas" en terrenos.

Así, ha puesto como ejemplo la inhibición de un alto cargo en asuntos en los que hubiera intervenido profesionalmente en los dos años anteriores a su toma de posesión o la prohibición de desempeñar servicios profesionales en empresas privadas relacionadas con las competencias que ejerció durante su cargo, a través de sanciones tanto al infractor como a las entidades que le contraten.

La ministra ha recordado que la Oficina de Conflicto de Intereses, encargada de comprobar que los altos cargos no vulneran ningún precepto de la ley, funciona con plena autonomía y da cuenta de su labor en informes semestrales que se remiten al Gobierno y éste al Congreso.

"La actual ley y sus preceptos están plenamente vigentes y son eficaces para prevenir conflictos de intereses, al prever posibles situaciones contrarias a la ética pública y que hasta el antes de la actual ley no constituían una infracción", ha insistido.

Por ello, ha considerado que introducir más restricciones "constituiría un aumento excesivo de limitaciones que no aumentarían la transparencia y objetividad de la actuación del alto cargo", "sólo contribuirían a poner bajo tela de sospecha la actuación de estos servidores públicos" y "dificultarían la captación de los mejores para la función pública".

Además el desarrollo reglamentario de la ley, ha agregado, sólo va a incidir en aspectos procedimentales, como la tramitación telemática de las declaraciones.

El diputado de ICV, Joan Herrera, ha admitido que en la anterior legislatura se dieron pasos adelante en materia de control de incompatibilidades pero ha reclamado que al reglamento, que, a su juicio, parece estar olvidado en algún despacho, "le quiten el polvo de encima y lo pongan sobre la mesa" para que la ley sea una realidad.

Herrera también ha pedido que se apliquen los preceptos de la Ley del Suelo dirigidos a garantizar un régimen de transparencia sobre alcaldes y concejales.

Para el diputado, no existe ni la transparencia ni el control que anunció el Gobierno, al que ha instado a ser riguroso para que quienes tienen o han tenido un cargo público no lo utilicen en su actividad privada.

Así, ha puesto como ejemplo al ex director de la Oficina Económica de Gobierno David Taguas, nombrado presidente de Seopan, principal patronal constructora del país, caso que, según Herrera, el Ejecutivo consiguió "tapar".

"Lo que prestigia a la política es la absoluta transparencia y lo que la desprestigia es un Gobierno que incumple la ley", ha concluido. EFE

abs/pv