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Juez decano de Madrid y Defensor del Menor, a favor de porteros profesionales

Madrid, 17 nov (EFE).- El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, se ha mostrado hoy partidario de que se exija cualificación profesional a los porteros de discotecas tras la muerte este fin de semana de un joven de 18 años, presuntamente tras una paliza recibida en El Balcón de Rosales.

En el mismo sentido se ha pronunciado también el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, para quien "parece razonable regular todo este tipo de situaciones y sobre todo los requisitos profesionales de estas personas que se encuentran vigilando la entrada a estos locales".

"Al final, lo que se ha demostrado es la relación directa entre lo que ha sucedido y la tipología de la persona que hay en la puerta", ha precisado el Defensor del Menor, quien considera necesario "legislar de alguna manera qué tipo de personas pueden hacer ese trabajo".

Canalda hizo notar, asimismo, que son empleados a los que no se pide ningún requisito para realizar esta actividad profesional.

"Lamentablemente -ha señalado- nos encontramos con que una agresión a un chico termina con este resultado, y no es la primera vez que ocurre un incidente con los porteros de las discotecas. Eso debe hacer reflexionar a las administraciones sobre que, a lo mejor, hay que plantearse vigilar las capacidades y los requisitos que se piden a estos profesionales y a quienes les contratan", ha resumido el Defensor.

"Hay lagunas importantes a efectos jurídicos en la normativa general, que es la Ley estatal de Seguridad Privada", ha considerado el juez decano de Madrid, que hoy participaba junto a Canalda en una rueda de prensa para presentar un nuevo protocolo de prevención de abandono de bebés en la Comunidad de Madrid.

González Armengol ha afirmado: "soy claramente partidario de que se empiece a exigir ya cualificaciones profesionales, por lo menos a los encargados de los diferentes centros y locales para que, efectivamente, coordinen con conocimientos propios una formación adecuada a todas estas personas que están trabajando en estos lugares donde, de forma reiterada, hay incidentes; afortunadamente no muchas muertes".

El decano considera que el problema de base es la regulación estatal, a la que hay que añadir "todo lo que afecta a la materia propia de cada localidad", que sería una responsabilidad administrativa, ha insistido González Armengol.

"Pero el hecho es que ha habido una muerte y parece que hay indicios racionales de criminalidad", por lo que "habrá que hacer la investigación correspondiente y el autor, si hay condena, será el autor material", ha recordado.

Por su parte, Canalda ha insistido en que es necesario controlar "al tipo de personas que se contratan", incluso si éstas tienen formación, pero "son de carácter violento". EFE

aga/pv