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Abogado de nieta de Negrín acusa de parcialidad a jueces Audiencia Nacional

Londres, 11 nov (EFE).- Joan Garcés, abogado de la nieta de Juan Negrín, acusó hoy de parcialidad a los diez magistrados de la Audiencia Nacional española que votaron a favor de paralizar las exhumaciones de los restos de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, ordenadas por el juez Baltasar Garzón.

"Lo que ocurrió en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional es muy grave porque un grupo de magistrados se concertó para tomar una decisión contraria a derecho", dijo Garcés en declaraciones a Efe, tras pronunciar una conferencia en la Universidad de Londres.

Garcés, quien representa a Carmen Negrín Fetter (nieta del último presidente de la II República española), afirmó que se está ante "un tribunal donde hay un número de magistrados que no tienen imparcialidad" y aseguró que la decisión de respaldar la petición de la Fiscalía para detener las exhumaciones es una demostración del efecto de las presiones de los sectores conservadores españoles.

"Hay un sector muy influyente del 'establishment' que tiene sus raíces en el franquismo y está preocupado de que, si se investiga esto, puedan verse las ramificaciones", explicó el letrado, quien aludió también al "gran movimiento mediático, de la Iglesia y otros sectores en contra de la decisión de abrir este caso".

Estos grupos, agregó, "usan al ministerio fiscal para impedir la investigación" del juez Garzón.

En nombre de la nieta de Negrín, Garcés presentó el lunes un escrito en la Audiencia en el que se solicita la identidad de los magistrados que acordaron el viernes paralizar la apertura de fosas para denunciarlos por prevaricación.

En el escrito, Negrín Fetter considera que la resolución dictada por el tribunal, a instancias de la Fiscalía, "puede reunir los elementos del tipo de resolución injusta dictada a sabiendas".

Negrín Fetter alega que la decisión de la Audiencia Nacional "ha sido adoptada por la sala sin previa comunicación a las partes personadas de la petición del ministerio fiscal" y que "prescinde de normas esenciales de procedimiento y causa indefensión".

En derecho, es básico que las partes afectadas en un proceso estén presentes cuando se considera la competencia o no de un juez para investigar el caso, recordó hoy Garcés, quien advirtió de que, "si no conseguimos al final un tribunal imparcial para este asunto, será imposible cualquier debate legal y el caso se cerrará".

Si esto ocurre, añadió, "seguiremos adelante, al Tribunal Supremo y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

Garcés fue uno de los ponentes de unas jornadas organizadas con motivo del décimo aniversario de la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres a instancias del juez Garzón, en las que participó también el letrado australiano Geoffrey Robertson, abogado de la Corona inglesa y defensor de los derechos humanos.

Robertson, que fue el presidente fundador del Tribunal de Justicia contra los crímenes de guerra en Sierra Leona, estuvo en Madrid en octubre para presentar su libro "Crímenes contra la Humanidad. La lucha por una justicia global", coincidiendo con la decisión de Garzón de declararse competente para investigar el caso.

"Tuvo un impacto enorme y todo el problema de la crisis financiera desapareció de las páginas de los periódicos", dijo Robertson, quien destacó que la iniciativa de Garzón "respalda la idea de que no debe haber impunidad póstuma" para los dictadores.

Cuando se acerca el 60 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, concluyó este abogado, "los Estados que han tenido estos episodios de horror en su pasado tienen que confrontarlos e instruir a sus niños para asegurarse de que no vuelvan a ocurrir". EFE

fpb/acm