El director de la AEPD considera que la verificación de la edad de los menores en internet es una asignatura pendiente

El director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo, considera que la verificación de la edad de los menores en internet es "sin duda alguna, una asignatura pendiente, a pesar de que la legislación española de protección de datos lo exige", porque "los prestadores de servicios en internet no se han tomado en serio todavía esta exigencia legal y esta necesidad social de tutelar a los menores" en el ámbito de la red.

4 de octubre de 2010

VALENCIA, 4 (EUROPA PRESS)

El director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo, considera que la verificación de la edad de los menores en internet es "sin duda alguna, una asignatura pendiente, a pesar de que la legislación española de protección de datos lo exige", porque "los prestadores de servicios en internet no se han tomado en serio todavía esta exigencia legal y esta necesidad social de tutelar a los menores" en el ámbito de la red.

A su juicio, "con investigación e inversión se pueden implantar muchos mecanismos que impidan ese acceso de menores, y, por lo tanto, eviten los riesgos que para un menor tiene viajar sólo en internet".

Rallo, que ha inaugurado este lunes el seminario 'Protección de datos, tecnologías de la información y sistema educativo' en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ha afirmado que el control de los datos personales de los menores y la protección sobre su privacidad "pasan, en primer lugar, porque quienes pretenden recabar datos de menores", especialmente, en Internet, "modifiquen y adecuen sus plataformas para proteger a los menores", para comprobar y verificar la edad de los menores, y de forma singular, ha aludido a las redes sociales.

No obstante, también ha advertido que los padres y el sistema educativo "ocupan una posición central en la formación y en la orientación de los menores, para que hagan un buen uso de la información personal, y también, para que respeten la información personal de otros menores".

CASO DE ABASTOS

Rallo se ha referido en su conferencia al caso concreto del IES Abastos de Valencia, que decidió en 2008 implantar un sistema de videovigilancia en el centro, y ha asegurado que "si no existe una muy poderosa razón de inseguridad, resulta de entrada, dudoso y desproporcionado", e incluso, ha añadido, si existen estas razones, la instalación requiere de un análisis previo "y, desde luego, no todo vale", como su colocación en baños públicos o vestidores de gimnasio, ha advertido.

Se ha referido a este caso como "particularmente invasivo para la la intimidad de las personas cuyas imágenes fueron grabadas" y ha recordado que la instalación de las 24 cámaras --dos de ellas, en los baños-- iba acompañada de la intención de ubicar unos tornos de acceso al instituto que se activaban a través de huellas dactilares, iniciativa que ha calificado de "exceso y desproporción" del medio utilizado con respecto a los fines.

En cualquier caso, ha remarcado que el centro "no tenía condiciones singulares de inseguridad que ampararan tal salto invasivo para la intimidad".

Igualmente, ha relatado otros casos, como los que se producen en los procesos de admisión del alumnado. En este sentido, ha recordado la resolución que dictaron en contra de que un centro hiciera pública en las listas colgadas en el tablón de anuncios de colegio la condición de discapacitado de un menor.

Paralelamente, ha informado de otros expedientes que hacen referencia al abandono en la vía pública de datos de alumnos --fotografías, direcciones, número de teléfono...-- de un centro escolar.

VICTIMAS, PERO TAMBIEN, VERDUGOS

El mayor número de denuncias y quejas son las relativas al uso que hacen de las redes sociales los menores, y en muchas de ellas, son las víctimas de apropiación indebida de sus datos o fotografías, pero también en otras muchas "los menores son los infractores, porque cuelgan fotografías, información de otros menores o de adultos, lo que supone una vulneración de los derechos de terceros", de forma que son "víctimas", pero también "verdugos" y con el agravante de que a los menores no les es imputable responsabilidad administrativa.

El ámbito educativo, ha dicho, es el que proporciona más casos de conductas infractoras en el mundo de las redes sociales.

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