Empresarios niegan favores y dicen que son víctimas del "caos" del Principado

Los empresarios procesados en el caso Marea, la mayor trama de corrupción investigada en Asturias, han negado hoy haber tenido trato de favor de ninguna administración ni haber sobornado a funcionarios o responsables políticos y han asegurado sentirse víctimas del "caos" en la gestión del Principado.

ESP, EFE 27 de abril de 2016

Oviedo, 27 abr (EFE).- Los empresarios procesados en el caso Marea, la mayor trama de corrupción investigada en Asturias, han negado hoy haber tenido trato de favor de ninguna administración ni haber sobornado a funcionarios o responsables políticos y han asegurado sentirse víctimas del "caos" en la gestión del Principado.

En la cuarta jornada de la vista oral que se sigue contra los trece acusados en la causa, tres empresarios que ejecutaron obras para la administración autonómica han prestado declaración ante el tribunal aunque se han limitado a responder a sus defensas.

Víctor Manuel Muñiz, propietario de la compañía de material de oficina y mobiliario Igrafo, para el que el fiscal pide nueve años de prisión, ha asegurado que su empresa se ganó la confianza de sus clientes por su "profesionalidad y seriedad" y que la Consejería de Educación sólo suponía el 5 por ciento de su facturación.

"Nuestra empresa nunca facturó un importe que no hubiese sido entregado. Nos hemos ganado la confianza de los clientes y la confianza no se regala, se gana", ha añadido

Tras cuestionar que se cobrase por materiales que nunca llegaron a los centros educativos para los que fueron adquiridos, el empresario ha considerado que los mismos podrían estar "en otro sitio" y que la administración ahora "no los haya localizado".

Muñiz ha admitido conocer desde hace décadas a los principales responsables políticos acusados en la causa -el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, del que ha asegurado ser amigo, y la ex directora general María Jesús Otero-, pero ha negado que ni a estos ni a otras personas su empresa les entregara regalos o dádivas.

"Nunca se han hecho liberalidades a favor de Otero ni de otros salvo que se considere una liberalidad invitar a tomar un café o dar un calendario a final de año", ha subrayado tras reconocer que Riopedre le pidió trabajo para su hijo, pero que no pudo ayudarle dado que operaba en un ámbito, el de las prospecciones geológicas, con el que sólo tenía relación con la ingeniería Nora.

Esa empresa subcontrató varias obras con Geogal, fundada por Ernesto, el hijo del exconsejero, aunque Muñiz ha negado que él la controle, tal y como sostiene la Fiscalía.

En este sentido, el responsable Nora, Antonio Azorín, que afronta tres años de cárcel, ha rechazado haber recibido presiones para trabajar con la empresa de Ernesto Iglesias, una acusación que ha calificado de "falsa" y "absurda" dado que empezó a trabajar con Geogal años antes de que su padre fuera nombrado consejero.

El hijo del exconsejero, que ha testificado como responsable civil, ha negado haber cobrado por obras no realizadas ni haber recibido, salvo en las subcontratas que realizó para Nora, dinero de las empresas Igrafo y Almacenes Pumarín que, según la Fiscalía, habrían servido para pagar obras en la sede de Geogal en Santiago de Compostela o la adquisición de maquinaría para su empresa.

Azorín ha relatado además otras operaciones con el Principado en las que cambió facturas de unas obras para sustituirlas por otros conceptos, aunque por la misma cuantía, o aceptar las propuestas de la Consejería de Educación para que presentara tres ofertas distintas para una contratación determinada.

A su juicio, es "vox pópuli" que en la administración se necesitan tres ofertas para determinados contratos "por comodidad del técnico o por agilidad", un modelo de actuación que era "normal, como sabe cualquier persona que esté en la construcción".

El tercer empresario procesado en la causa, el administrador de Almacenes Pumarín, Alfonso Sánchez, para el que la Fiscalía pide nueve años de cárcel, ha afirmado por su parte que es una "víctima" del "caos" existente en el funcionamiento del Principado en el ámbito de las contrataciones de los productos que servía su empresa.

Sánchez ha dicho que es "increíble" que la administración a la que suministraba materiales para centros educativos ejerza como acusación particular tras haberlo "utilizado" y "engañado" al verse inmerso en un procedimiento que, ha subrayado, le "deshizo la vida".

No obstante, ha admitido que, al igual que otras compañías y que el resto del Gobierno regional, recurrió a sistemas de contratación que desconocía que fueran ilegales como la facturación al final de cada año de cantidades por determinados conceptos que permitieran a las consejerías agotar su presupuesto y que dichas facturas sirviesen para pagar suministros distintos al año siguiente.

"Se utilizaba a las empresas para sus necesidades y ahora pasa lo que pasa por entrar en el juego", ha apuntado antes de negarse a concretar si su empresa pagó regalos o dádivas a algunos procesados al considerar que en la obtención de determinadas facturas durante la fase de instrucción no se respetaron sus derechos fundamentales. EFE

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