Juristas de América Latina y Europa piden congruencia en el juicio contra Ríos Montt

Un grupo de 16 juristas y 22 organizaciones humanitarias de Latinoamérica y Europa exhortaron hoy a la Justicia de Guatemala a que emita resoluciones congruentes con las obligaciones internacionales en el juicio por genocidio contra los generales retirados José Efraín Ríos Montt y José Rodríguez.

Guatemala, EFE 17 de abril de 2013

En un campo pagado publicado en los diarios locales, los juristas y organizaciones humanitarias aseguran que en el tribunal guatemalteco se está respetando el derecho de defensa y el debido proceso a los exgenerales imputados.

Sin embargo, critican el uso "abusivo" de la figura del amparo con el fin de retrasar los procesos por graves violaciones a los derechos humanos.

"En el proceso que se sigue actualmente, se observa con preocupación que se continúa utilizando esa figura (el amparo) de una manera excesiva y con fines meramente dilatorios, refiere la publicación, firmada, entre otros, por José Ricardo de Parda Solaesa, magistrado en la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional en Madrid (España); Célia Bernardes, jueza federal de Brasil, y Miguel Carbonell, profesor del instituto de Investigaciones Judiciales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Los juristas y organizaciones de derechos humanos exhortan a la Justicia guatemalteca a que en este proceso histórico se tomen en cuenta las obligaciones internacionales y se emitan resoluciones congruentes, y que se garantice la independencia de los jueces.

"La verdad y la justicia efectiva son fundamentales en la prevención de las atrocidades del genocidio y la mitigación de los daños ocasionados a los sobrevivientes, familiares, comunidades, pueblos y todas la humanidad", concluye.

Esta publicación se da después de la aparición de otro campo pagado publicado el martes por dos expresidentes, dos exnegociadores de los Acuerdos de Paz firmados en 1996, un exguerrillero y siete exministros de Estado, en respaldo a los dos acusados que titularon: "Traicionar la paz y dividir a Guatemala".

En el manifiesto advierten que la acusación de genocidio no es sólo en contra de los oficiales y el Ejército, sino contra el Estado de Guatemala en su conjunto, y que, de consumarse, implica serios peligros para el país, incluyendo la agudización de la polarización social y política, que revertirá la paz hasta ahora alcanzada.

Además, sostiene que la acusación es una "fabricación jurídica" que no corresponde con el anhelo de los deudos de las víctimas de dignificar a sus seres queridos de finalizar el luto inconcluso y de hacer justicia.

Reconocen, empero, que durante el enfrentamiento armado interno (1960-1996) hubo atrocidades e insisten en que la acusación pone en peligro la inminente reaparición de la violencia política con lo que se traicionaría el objetivo y la conquista de la paz.

También, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) publicó el martes otro campo pagado en el que incluyó, de forma deliberada, a la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), que actúa como parte acusadora en el juicio.

"Para que Guatemala avance necesitamos juicios justos e imparciales. Dice que sólo el Ejército mató gente, pero no es así, también la guerrilla mató mucho gente porque yo lo vi. Ana Brito López. Excombatiente 'Susana'", dice el texto en el que aparece una fotografía de la supuesta guerrillera, una indígena.

La AJR presentó hoy ante el Ministerio Público (MP) una denuncia por difamación en contra de Avemilgua, dijo a Efe una fuente humanitaria.

El histórico juicio contra Ríos Montt, quien gobernó de facto entre 1982-1983 y su antiguo jefe de Inteligencia Militar, José Rodríguez, se inició el pasado 19 de marzo y se encuentra en su recta final.

Más de 130 testigos y peritos han sido presentados por la Fiscalía para demostrar que ambos militares retirados son responsables, como autores intelectuales, de los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad (como tipifica la legislación guatemalteca a los delitos de lesa humanidad).

En concreto, la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) acusa a Ríos Montt y Rodríguez del asesinato de 1.771 indígenas ixiles en el departamento noroccidental de Quiche.


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