Jueces de Centroamérica alertan de la injerencia política y del narcotráfico

Entidades judiciales centroamericanas denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el aumento de la injerencia política, la presión del narcotráfico y la intromisión mediática en la actividad de los magistrados de la región.

Washington, EFE 23 de marzo de 2012

"La debilidad institucional se ha transformado en impunidad y la capacidad de tratar de impedir a instituciones y funcionarios su trabajo por parte del crimen organizado no tiene precedente en la historia republicana de los países centroamericanos", advirtió el guatemalteco Jorge Vásquez, portavoz de una asociación de jueces de su país.

La CIDH respondió a los profesionales judiciales que seguirá abordando esta cuestión y reconoció "amenazas" en el desarrollo de este poder público en algunos países de la zona, según apuntó Tracy Robinson, miembro de la Comisión.

Los juristas consideraron que la politización de las cortes supremas es generalizada en la región a causa de la "asignación de los miembros por parte de los poderes legislativos que da a la institución un claro matiz político".

Según la magistrada salvadoreña Paula Velázquez, "no prevalece la idoneidad por 'meritocracia' sino por afinidad política" y los mecanismos que se han introducido en algunos casos para evitarlo "no han logrado más que maquillar la politización".

Mencionó el caso de Honduras con un repartimiento casi simétrico de los miembros de la Corte Suprema entre los dos grandes partidos.

Otros problemas denunciados ante la CIDH son el exceso de funciones de algunos cargos judiciales y el incumplimiento de los principios de la carrera judicial.

Los magistrados consideran que en Nicaragua no se ha aplicado en todos los nombramientos la ley de carrera judicial y que en El Salvador acceden al cargo por "razones políticas, amiguismo y pago de favores", dijo el nicaragüense Sergio Berrios.

Además, ven en Costa Rica un exceso de ascensos en calidad de interino y que en Guatemala los magistrados de segunda instancia se nombran directamente sin respetar los méritos profesionales.

Denunciaron, asimismo, el abuso de las sanciones a los jueces para retirarlos de sus funciones, a través de decisiones excesivas o de sentencias con serias dificultades para ser recurridas.

Por otra parte, las asociaciones de jueces apuntaron a los medios de comunicación de la región como una de las amenazas al poder judicial, especialmente en Costa Rica y El Salvador, donde varios estudios realizados entre magistrados elevan el poder mediático a la más preocupante injerencia a la labor judicial.

En concreto, la costarriqueña Adriana Orocú reprochó a los medios y a "las grandes empresas de comunicación" dar información "de forma sesgada" y difundir "un modo de pensamiento que no coincide con la objetividad de las pruebas y de las sentencias".

Trasladaron a la CIDH las amenazas a la independencia del poder judicial entidades de magistrados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, además de la Federación Centroamericana de Asociaciones de Juezas y Jueces Democráticos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).