Atrapados por Internet: La protección de datos y el derecho al olvido, a debate en el Parlamento Europeo

Las informaciones personales en Internet, verdaderas o falsas, pueden acarrear un estigma y un sinfín de problemas en la vida cotidiana. Actualmente, la ley no facilita el borrado de los datos, y convierten el cometido en una gesta que requiere cientos de gestiones. El Parlamento Europeo vota hoy un informe para alumbrar un nuevo Reglamento de Protección de Datos que, esta vez sí, debería garantizar el derecho al olvido y la protección de los datos.

Diana García Bujarrabal - Qué.es 21 de octubre de 2013

A S.G., una mujer de 36 años,  no le salió bien su primer matrimonio. Se separó y rehizo su vida en una nueva relación. Cuando estaba embarazada de cinco meses de su nueva pareja su móvil comenzó a sonar insistentemente, día y noche. Se trataba de hombres que solicitaban sus servicios sexuales. Al principio no entendía nada... pero había un buen motivo: su ex marido había publicado fotografías íntimas suyas en una página de servicios de 'escorts' o 'acompañantes de lujo'.

"Aunque inicialmente su nueva pareja la creyó, ya estaba empezando a dudar de ella", cuenta Verónica Alarcón, directora jurídica y de privacidad de ePrivacidad. "Estaba sufriendo muchísimo, de hecho en la primera conversación telefónica que tuvimos estuve una hora al teléfono intentando tranquilizarla", explica.

Según cuentan desde ePrivacidad, un gabinete jurídico especializado en la solución de estos casos, hoy ya han logrado que la información sea eliminada por completo. Pero su caso es, por desgracia, recurrente: calumnias por divorcios, antiguas deudas o falsas acusaciones que, una vez publicadas en Internet, se mantienen publicadas durante años. Entre otras cosas por la dificultad que entraña lograr su eliminación.

UN NUEVO REGLAMENTO EN EL PARLAMENTO EUROPEO

La comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo vota hoy el informe que debería servir como punto de partida a un nuevo reglamento europeo para la protección de datos. La intención es que éste se haya aprobado antes de las elecciones europeas de mayo de 2014. Y nace con el ánimo de unificar las legislaciones de los países miembros y de dar amparo a los nuevos problemas surgidos al calor de Internet y las redes sociales. La última normativa al respecto se remonta al año 1995, una era (casi) pre World Wide Web.

"Es una de las normas legislativas de mayor importancia de toda la legislatura del Parlamento Europeo, lo pone de manifiesto el enorme interés que han manifestado todos los actores implicados, entre ellos, los llamados gigantes de Internet, como Google o Microsoft o Facebook", apunta Juan Fernando López Aguilar, presidente de la comisión de Libertades Civiles. Cuenta, además, que al tratarse de un reglamento y no de una directiva, una vez aprobado será de aplicación directa.

Según la documentación del propio Parlamento, la norma abordará "un amplio abanico de cuestiones, como el derecho a la supresión y borrado de información personal, la obligación de disponer de autorización explícita para utilizar datos personales o los límites a la elaboración de perfiles que sirvan para predecir el comportamiento de una persona a través análisis automatizados de sus datos, así como multas para aquellas empresas que infrinjan las normas".

Samuel Parra, socio de ePrivacidad , es escéptico: "No sabemos realmente cómo va a quedar después de que el lobby de turno retuerza el asunto hasta niveles insospechados", opina. López Aguilar admite que existe "resistencia" entre las grandes empresas de Internet "sin embargo el Parlamento se ha comprometido fuertemente, ha establecido un calendario legislativo enérgico para sacar adelante esta iniciativa" que, de acuerdo con el europarlamentario español, "tiene que ser flexible con los emprendedores y con los pequeños operadores y muy eficiente e implacable con los gigantes de Internet".

Parra admite que algunos de los cambios legislativos que a priori se incluyen son interesantes. "Ahora mismo, nuestra legislación española indica que la aplicación de la norma se hará según la nacionalidad de la empresa que trata los datos (así por ejemplo, a una empresa en EEUU, sin más, no le será de aplicación la ley española aunque trate datos de españoles). Esto se supone que cambiará, imponiéndose un criterio territorial en base al afectado, es decir, en base a la nacionalidad del sujeto del que tratan los datos". De cambiarse efectivamente en este sentido resultará más fácil reclamar o lograr eliminar una información.

¿QUÉ SE PUEDE HACER HOY?

Mientras llega o no llega el nuevo reglamento, los problemas persisten. ¿Qué se puede hacer para intentar borrar datos que nos conciernen? "La vía judicial es siempre la última opción, ya que dispara los costes y el tiempo", revela Parra.

A partir de ahí la mecánica difiere según los casos. A menudo comienzan por solicitar a los webmasters que retiren el contenido, pero no siempre es así. "Si el cliente quiere eliminar información de un foro dedicado a 'poner verdes' a determinadas personas, un simple requerimiento amistoso hará que publiquen 100 veces más comentarios". Es el llamado 'efecto Streisand'.

"Solemos acudir también a la Agencia Española de Protección de Datos para que tutele los derechos de nuestro cliente, requiriendo al responsable o incluso al buscador, como Google, que retire cierta información", prosigue. Eso sí, de momento, no parece estar claro lo que Google debe o no debe hacer...

LA BATALLA CON LOS BUSCADORES

El Tribunal de Justicia de la UE emitirá en los próximos meses una sentencia sobre el caso de Mario Costeja González, un empresario cuyo piso se subastó por impago en el año 98. Aquello aparece aún hoy en Internet. Pero Costeja también es famoso por otro motivo: abandera la batalla para pedir que sea Google, el buscador, quien retire los enlaces y no tener que dirigirse individualmente al responsable de cada web.

"Google se escuda en que actúa como mero intermediario y sólo los editores, los webmaster, pueden dar efectiva satisfacción a las solicitudes de retirada de datos; pero ¿qué pasa cuando una página ha dejado de ser administrada o el administrador es ruso o chino?", explica Verónica Alarcón. Recuerda que los buscadores son la principal puerta de entrada a los contenidos y opina que, de aplicarse medidas, "se reduciría el incalculable efecto lesivo, ya que la información sólo sería visible por aquellas personas que conociesen el enlace web concreto donde está alojada la información, algo que no es usual".

Por su parte, Google argumenta que obligar a retirar enlaces lesionaría gravemente el derecho fundamental a la libertad de información. Y, de momento, el informe de la Abogacía general de la UE, publicado este mes de junio, le ha dado la razón.  "La cuestión no está dilucidada todavía, hay una posición del abogado general que establece que las obligaciones de Google no son las mismas que las de un medio de comunicación tradicional; pero todavía está pendiente la decisión del Tribunal de Justicia que ratificará o no la posición adoptada", apunta López Aguilar.

El veredicto final del Tribunal llegará previsiblemente en diciembre y sentará un precedente importante sobre la que hoy es una batalla legal de primer orden. Y afectará a ese reglamento que se está gestando en el Parlamento Europeo. "En todo caso, el reglamento supondrá un impulso fuerte a los derechos de cancelación y rectificación", asegura López Aguilar.