Los loteros, a la greña con Hacienda por una reforma que temen privatizadora

El pasado día 9 de diciembre, centenares de vendedores de lotería, llegados a Madrid desde otros muchos lugares de España, se manifestaban ante la sede del Ministerio de Economía y Hacienda para hacer visible su rechazo a una reforma que entrará en vigor con el nuevo año, el 1 de enero de 2010, y que les mantiene en vilo desde hace meses.

Concentración que los loteros quieren repetir el martes por la mañana a las puertas del madrileño salón de loterías, mientras en su interior se celebra, un año más, el sorteo que más millonarios hace en menos tiempo, el de Navidad, y en el que en éste 2009 de crisis los españoles jugamos más de 2.700 millones de euros.

De nada han servido las palabras tranquilizadoras de los responsables de Loterías y Apuestas del Estado, negando insistentemente que en su ánimo esté privatizar la venta de tan popular juego de azar, ni mucho menos que se pretenda la desaparición del décimo de lotería.

"No se va a producir ningún cambio que sea perjudicial para los loteros. De privatización nada. No entiendo tanta polémica", destacó, Juan Antonio Gallardo, director comercial de Loterías y Apuestas del Estado.

El motivo de la discordia son dos disposiciones -la 32 y la 34- incluidas -"con premeditación y alevosía, sin negociación previa", dicen los loteros- en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010.

"Nos han oído, pero no nos han escuchado", aseguraba  Manuel Izquierdo, lotero y presidente de ANAPAL, Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías, una de las patronales del sector.

Cuando entre en vigor la reforma, la comercialización del juego público de la lotería pasará a regirse por las normas del derecho privado, pasándose de un sistema basado en las concesiones administrativas a otro basado en contratos mercantiles privados.

Elena Salgado, vicepresidenta segunda del Gobierno y titular de la cartera de Economía y Hacienda, defendía personalmente la reforma el miércoles pasado en el pleno del Congreso, donde aseguró que respeta los derechos adquiridos por los loteros, que podrán acogerse al mismo si así lo desean.

Salgado argumentó que es necesaria para "cumplir con la normativa comunitaria y la ley de contratos del sector público". "Respeta -dijo a preguntas del PP- los derechos adquiridos, la situación jurídica actualmente vigente y establece la posibilidad de que los actuales titulares se puedan acoger al nuevo régimen en un período de dos años".

El PP había pedido previamente la destitución del director general de Loterías y Apuestas del Estado, Gonzalo Fernández, como responsable "de este desaguisado" y reprochado al Gobierno llevar a cabo la reforma "de tapadillo, sin debate y sin consenso". También reclamó una Ley del Juego, petición que han hecho igualmente los loteros.

Manuel Izquierdo, presidente de ANAPAL, teme que la reforma permita la entrada en el negocio de la venta de lotería de las grandes multinacionales del juego, lo que "pondrá en peligro muchos puestos de trabajo". "¿Porqué tocar algo que funciona muy bien?", se pregunta este lotero.

El secretario sectorial estatal de Juego en el sindicato UGT, Miguel Angel Rodríguez, abunda en la pérdida de puestos de trabajo que provocará una reforma que, declaró a EFE, se ha "metido por la puerta de atrás" en la Ley de Presupuestos. En las aproximadamente 4.000 administraciones de lotería existentes trabajan unas 12.000 personas, el ochenta por ciento con contrato indefinido.

Los loteros entienden que la "liberalización" de la venta provocará una disminución de ingresos para las arcas del Estado, y critican especialmente que la lotería se pueda adquirir en máquinas expendedoras de boletos situadas en gasolineras, supermercados y otras superficies comerciales.

"Una mayor red comercial no va a suponer, en absoluto, una mayor venta de lotería", recalca Manuel Izquierdo, presidente de ANAPAL. "La lotería se va a vender como se ha venido haciendo hasta ahora", repiten machaconamente desde Loterías y Apuestas del Estado.

Desde este organismo se insiste en que, al igual que hasta ahora, la elección de los nuevos puntos de venta estará sometida a los principios de publicidad y concurrencia, y en que con la incorporación de las nuevas tecnologías se logrará una red de ventas más fuerte y moderna.