La ley de matrimonio homosexual cumple cuatro años con más de 13.100 bodas

Según datos del Ministerio de Justicia, solo una de cada 10 uniones homosexuales han terminado en divorcio o separación.

Los datos contrastan con los de parejas heterosexuales, ya que durante los primeros nueves meses del año pasado, 96.500 parejas se rompieron, según los datos facilitados por el Instituto de Política Familiar, que además calculó que 357 matrimonios terminan en divorcio o separación cada día.

Mañana se celebra el Día Internacional del Orgullo Gay y el próximo martes 30 de junio se cumplen cuatro años de la aprobación de la ley de matrimonio homosexual en el Congreso de los Diputados.

La ley, recibida con euforia y alegría en el barrio madrileño de Chueca, significó la conquista de los homosexuales del derecho al matrimonio y convertió a España en el cuarto país del mundo en permitir estas uniones tras Holanda, Bélgica y Canadá.

Cuatro años después de aquel "día histórico", se han formalizado 8.898 matrimonios de gays y 4.218 de lesbianas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio de Justicia contabilizados mediante 432 registros civiles informatizados.

Para el presidente de la Federación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FLGTB), Antonio Poveda, el hecho de que el número de matrimonios entre varones duplique al de mujeres visibiliza "la doble discriminación que sufren las lesbianas por su orientación sexual y su género".

Poveda estima, no obstante, que el número de matrimonios podría elevarse a los 20.000 debido a que no todos los registros de Justicia están informatizados o actualizados.

LAS BODAS SE CONCENTRAN EN ZONAS URBANAS

Cataluña y Madrid, con 3.275 y 2.629 uniones respectivamente, son las comunidades autónomas con mayor número de matrimonios homosexuales, seguidas de Andalucía (1.912), Comunidad Valenciana (1.673), Canarias (817), País Vasco (456) e Islas Baleares (443).

Estas siete comunidades concentran el 85% de todas las uniones, "quizás por el turismo o porque han estado más abiertas a otros modos de vida", opina Poveda, a la vez que subraya la necesidad de "trabajar en aquellas regiones que no cuentan con grandes núcleos urbanos, como Castilla y León, Galicia o Extremadura".

"Casarse es un acto de visibilidad y, de momento, esto solo lo permiten las ciudades", asegura Poveda, quien sugiere que "si se generalizasen las tasas de matrimonio de Cataluña habría un 56 % más de uniones en toda España".

Los lugares, en cambio, donde se han producido menos matrimonios son las ciudades autónomas de Melilla (9) y Ceuta (15) y las comunidades de La Rioja (38), Cantabria (91) y Extremadura (93).

El español Emilio Menéndez y el estadounidense Carlos Baturín celebraron la primera boda, sólo ocho días después de la entrada en vigor de la norma (3 de julio), pero fue en 2006 cuando se registraron más uniones, con 4.313, seguido de 2008 (3.549) y 2007 (3.193).

En lo que va de 2009, se han casado 792 parejas.

Los 159 divorcios y 6 separaciones se han localizado, principalmente, en Cataluña (46), Comunidad de Madrid (34) y Andalucía (21) mientras que País Vasco, La Rioja, Ceuta y Melilla no han registrado ningún divorcio ni separación.

LA POLÉMICA CONTINÚA

La norma -dijo en su día el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero- nació de "dos fuerzas imparables: la libertad y la igualdad", pero desde su anteproyecto contó con la oposición de, entre otros, la Iglesia católica y el Partido Popular, y actualmente espera aún sentencia del Tribunal Constitucional.

El principal partido de la oposición recurrió la ley ante el Constitucional con el argumento de que la reforma del Código Civil, necesaria para permitir casarse a las personas del mismo sexo, desnaturalizaba "la institución básica del matrimonio".

Para Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia, la ley sigue siendo "innecesaria, injusta y posiblemente inconstitucional", por lo que confía en que sea derogada por el Alto Tribunal y el matrimonio vuelva a ser "una institución específica entre el hombre y la mujer".

"Se ha visto que las cifras del Gobierno sobre presuntos aspirantes a este tipo de bodas eran irreales, pues se dijo que millones de personas esperaban la ley para regular su situación", opina Blanco.

Poveda, sin embargo, considera que no se ha "destruido" el modelo de familia tradicional, como "advertían los sectores más ultraconservadores", sino que "lo único que ha pasado es que unas familias han conseguido el reconocimiento del Estado".

"El único obstáculo que nos queda es el recurso del PP", señala el presidente de la Federación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, y "lo vamos a ganar", añade.

Algunos jueces también se sumaron al rechazo a la norma, reivindicando el ejercicio de la objeción de conciencia con el propósito de no tramitar los expedientes de matrimonio. El Tribunal Supremo rechazó esta posibilidad en mayo pasado.

UNA CONQUISTA SIN MARCHA ATRÁS

La ley, que siguió una azarosa tramitación al superar dos enmiendas a la totalidad y un veto, ha tenido -según Poveda- un "efecto dominó" en Latinoamérica, donde "hay la esperanza de que Argentina sea pronto el primer país en reconocer este matrimonio".

Desde 2005, Sudáfrica, Noruega y Suecia han reconocido esta unión, con lo que ya son siete los países en los que está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo, además de los estados norteamericanos de Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont y Maine.

En España, la aceptación del matrimonio homosexual ha crecido en los últimos años y seis de cada diez españoles ya lo aprueban, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

"Es una batalla que no tiene marcha atrás", sentencia Poveda, quien recuerda que "no solo se han casado gays y lesbianas de izquierdas sino también de derechas; y dirigentes del PP como Gallardón o Feijoó han acudido o celebrado bodas homosexuales".

Poveda resume "la revolución" de estos cuatro años, contando su propia historia: "Tengo 41 años y llevo 18 con mi pareja; lo que hemos conseguido, después de obtener el reconocimiento de nuestras familias, compañeros de trabajo y vecinos, es el reconocimiento del Estado".