Guatemala, EFE 25 de junio de 2009

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Guatemala, Amérigo Incalcaterra, sostuvo en una rueda de prensa que, pese a que el país es signatario de la Convención contra la Tortura, todavía se presentan prácticas crueles e inhumanas.
"El Estado debe adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar los actos de tortura y compensar a las víctimas", manifestó el representante, con ocasión de la conmemoración del Día Internacional contra la Tortura, este viernes.
Incalcaterra dijo que existe "preocupación" por las denuncias que evidencian un aumento de los actos de acoso, persecución, amenazas, asesinatos y otras violaciones a los derechos humanos que siguen en la impunidad en Guatemala, sobre todo los relacionados con el pasado conflicto armado (1960-1996).
El Comité contra la Tortura de la ONU, apuntó, siente una "honda preocupación" por las numerosas denuncias de limpieza social, que van acompañadas, con frecuencia, de actos de tortura y malos tratos.
En ese sentido, el director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), Nery Rodenas, explicó en la misma conferencia de prensa que en lo que va de 2009 se han conocido unos 471 casos de tortura en el país.
La mayoría, denunció, se ha registrado en comisarías de Policía y en las cárceles, con el supuesto consentimiento de las autoridades.
En el 2007, según Rodenas, se registraron 455 denuncias de torturas y tratos crueles y en 2008 se reportaron 402 casos.
La aparición de cadáveres mutilados y de mujeres con señales de haber sido ultrajadas, maniatadas, quemadas o estranguladas son evidencias claras de que la práctica de la tortura sigue en Guatemala, afirmó.
Rodenas mencionó el caso de Gladys Monterroso, esposa del Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, quien fue secuestrada y torturada el pasado 25 de marzo en la capital, y luego fue abandonada con vida.
El activista dijo que se sospecha que las prácticas de tortura son realizadas en Guatemala por "escuadrones de la muerte", con posibles vínculos con las fuerzas de seguridad, y por agentes de la Policía.
Rodenas enfatizó que existe "preocupación porque el Ministerio Público y el Organismo Judicial, no han puesto interés en investigar los casos de tortura que se registran en Guatemala".
De acuerdo con Nieves Gómez, del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, que da asistencia a las víctimas, hasta hoy en Guatemala no se ha capturado ni acusado a ningún responsable de la práctica de torturas, lo que evidencia el estado de impunidad que se vive en el país.
Los asesinatos de choferes que ocurren en Guatemala, señaló, también son una práctica de tortura psicológica para la ciudadanía, que viaja atemorizada en los autobuses.
"La salud mental de los guatemaltecos se está viendo seriamente afectada por la violencia y la impunidad", anotó Gómez.
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