Esta iniciativa ha sido consensuada en la Comisión
parlamentaria de Interior que llegará al Senado cuando se reanude el
periodo de sesiones tras las vacaciones de verano y que será aprobada,
previsiblemente, antes de que acabe el año.
Según
afirmó el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras escuchar
la exposición sobre el proyecto que realizaron los distintos grupos
parlamentarios, el texto que salió hoy del Congreso "es mejor que el
que envió el Gobierno" gracias al "esfuerzo meticuloso" de los
ponentes, que han hecho "un buen trabajo" con una iniciativa
legislativa que "encamina mejor a España en el sistema europeo común de
asilo".
Entre otros aspectos del proyecto de reforma,
Rubalcaba destacó que equipara el asilo (por persecución) y la
protección subsidiaria (por razones humanitarias) "mejorando las
condiciones, incorpora algunos elementos sobre orientación sexual,
identidad sexual y género, introduce el reagrupamiento familiar, da un
tratamiento especial a todo lo que tiene que ver con los menores y
personas con discapacidad (...) y reconoce la participación de las
Comunidades Autónomas".
En esta línea se pronunció
también el portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Interior,
Juan Moscoso del Prado, quien puso el acento en el alto grado de
consenso alcanzado en torno al texto, al que se han incorporado de
forma directa o indirecta un total de 200 enmiendas, y aseguró que se
trata de un "avance importante" que "reconoce derechos sociales" y
aporta "más garantías" en todas las fases del procedimiento de asilo.
Por su parte, el portavoz del PP, Gonzalo Robles, dijo estar
"satisfecho" porque el texto ha incorporado las 46 enmiendas planteadas
por su grupo, que principalmente se referían al asilo en embajada, el
papel del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), los
plazos de tramitación o la protección de menores, entre otras. No
obstante, señaló que si quedan flecos pendientes o "matices que se
hayan podido escapar", será el Senado quien los incorpore.
Por último, la portavoz de CiU, Mercé Pigem, apuntó que si bien "esta
no es la ley que habría hecho" su grupo parlamentario, es un texto en
el que se puede sentir reflejado porque ha incorporado "la mayor parte
del largo centenar de enmiendas" que presentó, y que entre otras
mejoras, planteaban cuestiones como la obligación del Gobierno de
presentar anualmente ante las Cortes Generales un informe "muy
detallado" que "va a permitir controlar su aplicación".
LA NEGATIVA DE ICV-IU-ERC
No obstante, el proyecto de ley se aprobó con los votos en contra de la
coalición IU-ICV-ERC, cuyo portavoz, Joan Tardá, aseguró que con este
texto "va a traicionarse la solidaridad de los pueblos del mundo con
las miles de personas huidas de la Guerra Civil española" que
encontraron asilo en otros países del mundo.
"Deberíamos avergonzarnos de que el Estado español ni siquiera llegue a
la suela del zapato de la Italia de Berlusconi", que reconoció asilo a
muchas más personas que España el año pasado, "y de que encima ahora se
apruebe una ley más restrictiva sin que cunda el escándalo", señaló el
diputado, para quien la reforma aprobada es "inaceptable". "Siempre
tendrán nuestra denuncia porque ustedes son los responsables", increpó
Tardá a los grupos de la Cámara.
DECEPCIÓN EN LAS ONG
Por otra parte, representantes de CEAR y Amnistía Internacional que
asistieron al debate desde la tribuna de invitados, lamentaron que el
texto aprobado supone que España "ha perdido una oportunidad única"
para garantizar el derecho de asilo, y pusieron el acento en tres
aspectos de la ley: la restricción de las solicitudes en embajada, la
ampliación de los supuestos de exclusión e inadmisión y la falta de
reconocimiento de los ciudadanos de la UE como sujetos de este derecho.
"Creemos que para que España pueda realmente erigirse
como a la vanguardia del derecho, el asilo necesita estar más
protegido, porque es grave la amenaza que pesa sobre él y es necesario
que se consolide", apuntó el secretario general de CEAR, Alfredo Abad,
para incidir en que lo que ha hecho la Cámara es incorporar "la parte
mínima" de las directivas europeas sobre la materia, en lugar de
adoptar iniciativas más garantistas.