"Hay indicios para investigar", aseveró Ernesto de la Jara, del Instituto de Defensa Legal (IDL), en una rueda de prensa conjunta de seis organizaciones no gubernamentales (ONGs) con presencia en Bagua.
De la Jara exigió que las autoridades permitan el acceso de organismos civiles y periodistas a la zona para intentar esclarecer las denuncias de desaparición de cadáveres, de "manera diligente y no negligente", y con ello aplacar el malestar e "impedir que se den otros actos de violencia".
El abogado y periodista se refería a las múltiples denuncias de nativos que participaron en los enfrentamientos con la Policía durante el despeje de una carretera y que señalan que las fuerzas del orden habrían arrojado los cuerpos de los manifestantes al río durante el toque de queda impuesto tras los incidentes.
Estas versiones de los nativos, recogidas por varios organismos de derechos humanos y periodistas, han sido negadas rotundamente por las autoridades y se presume que muchas de las personas reportadas como desaparecidas podrían haberse escondido en casas de pobladores o en el campo poco después de los sucesos.
Ante esta confusión, De la Jara admitió que tal vez no haya más que los nueve civiles (incluyendo indígenas) muertos en los disturbios del viernes, lo cual, de confirmarse, "será buena noticia", subrayó.
En caso contrario, "tarde o temprano se va a saber la verdad", acotó.
Por otro lado, instó a las autoridades a no enviar policías ni soldados "sin preparación, ni diagnóstico" a zonas como Bagua, donde informes de la inteligencia peruana ya advirtieron dos semanas antes del peligro de un violento desbordamiento, según ha recogido la prensa peruana.
Otra de las preocupaciones expresadas por los defensores de los derechos humanos es la situación de los nativos detenidos, a quienes se les ha impuesto un abogado de oficio e interrogado sin un intérprete, apuntó Juan José Quispe, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).
Quispe hacía referencia a los 12 nativos detenidos en la comisaría de Bagua, entre los cuales hay varios menores de menores de edad.
También expresó su preocupación por la situación de los detenidos en el cuartel militar El Milagro, quien -según sus familiares- están incomunicados.