Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acompañada de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha afirmado que las palabras "derechos, garantías, seguridad y respeto" definen este anteproyecto, que pretende "salvaguardar la dignidad de las mujeres".

La nueva norma sustituye a la actual legislación, vigente desde 1985, y que despenalizaba el aborto en los supuestos de violación, graves malformaciones del feto y daño para la salud física y psíquica de la madre.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva que contempla el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto.

Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acompañada de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha afirmado que las palabras "derechos, garantías, seguridad y respeto" definen este anteproyecto, que pretende "salvaguardar la dignidad de las mujeres".

La nueva norma sustituye a la actual legislación, vigente desde 1985, y que despenalizaba el aborto en los supuestos de violación, graves malformaciones del feto y daño para la salud física y psíquica de la madre.

El anteproyecto sitúa en 16 años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Para ello, plantea la modificación de la Ley de Autonomía del Paciente con el objeto de equiparar el aborto al resto de prestaciones sanitarias, donde la mayoría de edad para decidir se sitúa en 16 años.

Según el informe presentado por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, se trata de dar coherencia al marco jurídico y evitar intervenciones clandestinas.

Hasta la semana 14 de gestación, la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente, siempre que, como mínimo tres días antes de la intervención, haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad si decide seguir con la gestación.

De manera excepcional hasta la semana 22 la mujer podrá interrumpir el embarazo si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto.

En ambos casos, deberá acompañar un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.

A partir de ese plazo, sólo un comité clínico pluridisciplinar podrá autorizar una interrupción a petición de la embarazada cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable.

La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se garantizará dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, para que sea una prestación pública y gratuita y el Estado velará por su cumplimiento a través de la Alta Inspección Sanitaria.

El texto del anteproyecto establece que ninguna mujer podrá ser penada con cárcel por interrumpir su embarazo, aunque Aído ha insistido que esto no quiere decir que las prácticas ilegales queden impunes.

La norma incorpora medidas en el ámbito social, sanitario y educativo para garantizar los derechos a la salud sexual y reproductiva y para prevenir embarazos no deseados, así como la elaboración de una Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva a cinco años, con participación de la comunidad científica y educativa.

El anteproyecto debe ahora pasar al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal que deberán emitir su informe preceptivo para que después el Consejo de Ministros, tras las modificaciones que estime oportunas, lo apruebe como Proyecto de Ley y lo enviará al Parlamento para su tramitación.

Al tratarse de una Ley Orgánica, exige del apoyo de la mayoría absoluta de ambas Cámaras.

"LA LEY MÁS EQUILIBRADA POSIBLE"

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha afirmado hoy que el anteproyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo es "el más equilibrado posible" y está "en línea con la mayoría de los países de nuestro entorno".

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Aído ha recordado que el Gobierno ha cumplido lo anunciado hace ocho meses y su anteproyecto de ley ofrece mayores garantías jurídicas para las mujeres, una mayor seguridad para los profesionales sanitarios
y equilibrio entre los derechos de autonomía de las mujeres y la protección de la vida prenatal.

La futura ley, según Aído, ha sido redactada tras buscar "el máximo consenso posible".

"Ha habido un gran debate, hemos escuchado al Parlamento, a los expertos, a las organizaciones sociales, jóvenes, mujeres, profesionales", ha señalado la ministra, quien ha reiterado que no cree que sea posible "proponer una ley más equilibrada que ésta".

Bibiana Aído ha dicho que el objetivo del Gobierno es frenar el incremento progresivo de los embarazos no deseados que se ha producido en los últimos diez años, tal y como recomiendan los principales organismos internacionales como la OMS, UE y la ONU.

La ministra, que ha resumido los principales puntos del anteproyecto, ha destacado las acciones informativas para prevenir los embarazos no deseados y la formación de profesionales sanitarios, enmarcado todo ello dentro de un Plan de Salud Sexual y Reproductiva.

Dicho plan será revisado por el Gobierno cada cinco años en colaboración con las Comunidades Autónomas, los comités científicos y las organizaciones sociales, y las estrategias se repasarán cada dos años.

"Damos rango de ley a la educación sexual, a la prevención de los embarazos no deseados", ha subrayado Aído.

La ministra ha señalado también que el plazo de la semana 22 para poder interrumpir el embarazo si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto, sigue las recomendaciones de la OMS, que expresa que ése es el momento en que "existe viabilidad fetal con independencia de la mujer".

Sobre la mayoría de edad a los 16 años para poder abortar libremente, Bibiana Aído ha comentado que con la nueva ley las jóvenes tendrán la misma autonomía que en otras intervenciones sanitarias.

Fuentes del Ejecutivo han señalado que el establecimiento de la mayoría de edad a los 16 años es un principio de la ley y que no debe ser alterado.

Las mujeres que deseen abortar recibirán un sobre cerrado con la información sobre todas las ayudas que tienen en caso de que decidan continuar con el embarazo y, a partir de entonces, tendrán tres días de plazo para reflexionar sobre la decisión final.

"Es tiempo suficiente" para que la mujer pueda tomar su decisión libre e informada, según Aído.

Además, todas las Comunidades Autónomas están obligadas a garantizar la prestación pública de la interrupción voluntaria del embarazo.

Si en alguna región no hay centros ni públicos ni privados que realicen la intervención, las autoridades autonómicas deberán garantizar por escrito a la persona el centro donde puede abortar y deberá abonarle la operación, han añadido las mismas fuentes del Ejecutivo.