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Las juzgan por cantar en la catedral ortodoxa de Moscú uno de sus temas musicales contra el presidente ruso, Vladimir Putin. Son las integrantes del grupo de punk ruso Pussy Riot cuyo juicio se ha retrasado debido a la evacuación de la sala del tribunal por una falsa amenaza de bomba, según ha informado el abogado defensor, Mark Feigin
EUROPA PRESS 2 de agosto de 2012
"Se ha recibido una llamada telefónica anónima", ha informado a la agencia de noticias RIA Novosti. La secretaria de prensa del tribunal moscovita ha añadido que la persona que llamó "dijo que había una bomba en la sala y gritó '¡Liberad a Pussy Riot!'". Sin embargo, en el registro no se han encontrado explosivos y el juicio ha sido reanudado.
Previamente, Maria Alejina, una de las tres acusadas, había solicitado por cuarta vez la recusación de la juez Marina Sirovaya porque, según ha afirmado, ésta no ha dado tiempo suficiente a las acusadas para que preparen su defensa. "La actitud perjudicial de la juez se pone de manifiesto en su falta de voluntad para crear unas condiciones favorables para la participación plena de las acusadas en el juicio, al no darles el tiempo necesario para familiarizarse con las pruebas documentales, para descansar y para preparar el proceso", ha señalado, aunque la fiscalía se ha opuesto a la petición, considerada una treta para alargar el juicio.
DIERON EL CANTE EN LA CATEDRAL
Cinco integrantes de Pussy Riot entraron en la Catedral de Cristo Salvador con el rostro oculto el pasado febrero y realizaron, ante la mirada atónita de los guardias de seguridad, una actuación para denunciar el apoyo de la Iglesia Ortodoxa a la campaña electoral del presidente ruso, Vladimir Putin -que entonces era primer ministro-, para volver al Kremlin.
Tres de ellas fueron detenidas y acusadas de vandalismo. Según los fiscales, el grupo actuó "de una manera extremadamente vulgar para un lugar así y la canción que interpretaron, titulada 'Holy shit', es insultante y sacrílega para los ortodoxos". Las imputadas se han declarado culpables de un delito administrativo, pero afirman no ser culpables de vandalismo, un delito penal por el que podrían ser condenadas hasta a siete años de cárcel. Sí han pedido perdón, no obstante, por el error moral que cometieron.
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