Las ONG presionan a los bancos para que dejen de financiar a los fabricantes de bombas de racimo

Casi un año y medio después de la histórica firma de la Convención sobre Bombas en Racimo celebrada en Oslo en diciembre de 2008, y ante su cercana entrada en vigor de manera vinculante conforme al derecho internacional el próximo 1 de agosto 2010, se acaba de dar a conocer que 146 entidades financieras de 16 países todavía invierten y prestan servicios financieros por valor de 43.000 millones de dólares a siete empresas fabricantes de bombas de racimo.

Estas son algunas de las conclusiones a las que llega el informe más exhaustivo hasta la fecha sobre inversiones globales en estas armas próximamente ilegales titulado Inversiones mundiales en bombas de racimo: una responsabilidad compartida' y publicado ayer miércoles en Ginebra. La Red Internacional BankTrack, representada en España por la ONG SETEM y activistas de todo el mundo, piden a los gobiernos y a las instituciones financieras que dejen de invertir en empresas que producen este tipo de municiones.

Al igual que las minas terrestres antipersona, el coste humano y económico de estas bombas está sobradamente probada y la ONU calcula que las bombas de racimo han matado y herido a más de 10.000 civiles en los últimos 40 años, de los cuáles el 40 % son niños. Y las cifras de víctimas continúan creciendo porque el efecto de estas bombas no termina cuando terminan los conflictos, ya que muchas quedan sin explotar y escondidas en el suelo.

A pesar de esto, las principales entidades financieras del mundo siguen financiando a los siguientes fabricantes de bombas de racimo y de componentes para las mismas: Alliant Techsystems ATK (EEUU), Hanwha (Corea del Sur), L-3 Communications (EEUU), Lockheed Martin (EEUU), Poongsan (Corea del Sur), Singapore Technologies Engineering (Singapur) y Textron (EEUU)