La Justicia de Honduras pide restituir en el cargo al jefe del Ejército

El pleno de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aceptó los recursos en defensa del general Vásquez presentados por el abogado Manuel Rodrigo Mazariegos, a título personal, y la Fiscalía General del Estado por considerar que violan la ley.

En ese sentido, la decisión de Zelaya contra Vásquez queda en suspenso y el militar seguiría al frente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El presidente hondureño, que todavía no se ha pronunciado sobre la decisión judicial, iba a nombrar hoy mismo al sustituto del oficial destituido, según fuentes políticas.

Los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, que preside Rosalinda Cruz, por unanimidad decidieron admitir los recursos a favor del jefe militar, quien fue destituido por Zelaya por oponerse a una decisión presidencial para reformar la Constitución.

El Ministerio Público alegó ante la justicia que a Vásquez se le han violentado sus derechos por el presidente Zelaya, quien también el miércoles aceptó la renuncia del ministro de Defensa, Ángel Edmundo Orellana.

El fiscal general del Estado, Luis Rubí, dijo a periodistas que la decisión de Zelaya es ilegal y que Vásquez debe ser restituido en el cargo.

Rubí responsabilizó a Zelaya de la polarización y crisis política interna que vive Honduras.

EL DOMINGO, CONSULTA POPULAR

Zelaya promueve una consulta popular, prevista para el domingo, para que los hondureños digan si apoyan la instalación de una urna adicional en las elecciones generales del 29 de noviembre para votar sobre una Asamblea Constituyente y la reforma de la actual Carta Magna a partir de 2010.

Para la actividad del domingo, Zelaya ordenó a las Fuerzas Armadas todo el apoyo logístico necesario, a lo que Vásquez se opuso porque un tribunal de justicia dictaminó que la decisión del gobernante es ilegal.

La mayoría de los diputados del Parlamento hondureño también rechazaron hoy la decisión de Zelaya y expresaron que el alto jefe militar debe ser restituido.

Mientras el Poder Judicial se pronunciaba contra la resolución del Ejecutivo, Zelaya recibía en la Casa Presidencial a decenas de representantes de organizaciones populares que le apoyan.

Los militares patrullan las calles para evitar eventuales hechos de violencia, según indicó una fuente castrense.