La consulta alternativa de Artur Mas incumpliría cuatro artículos del código penal

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha dado un paso atrás, pero promete que los catalanes podrán votar el 9-N. Pese a no ser la consulta inicialmente prevista, también podría incurrir hasta en cuatro delitos.

Qué.es 16 de octubre de 2014

El proceso independentista de Artur Mas atraviesa su momento más débil. Después de ver como el Tribunal Constitucional decidía impugnar la Comisión de Control del 9-N, aprobada previamente en el Parlament, el presidente de la Generalitat ha optado por retroceder en la Ley de Consultas, suspendida de la misma forma por el TC, y plantear un nuevo proceso de votación.

"Ante un adversario así no puedes dar pistas; no les facilitaremos el trabajo". De esta forma se dirigía Artur Mas al Ejecutivo de Mariano Rajoy en su última comparecencia en el Palau de la Generalitat, donde anunciaba su renuncia a la consulta inicialmente prevista, para esconder el marco legal sobre el que llevará a cabo la nueva propuesta de votación.

Pese a que aún no ha explicado los detalles legales que, según el dirigente catalán, garantizan la participación de los ciudadanos catalanes, la consulta alternativa de Artur Mas tiene muy complicado esquivar por completo el código penal. Así lo cree Pedro Manuel González, titular del bufete PMG Abogados, que señala que "el único delito descartado con esta nueva propuesta es el de revelación de secretos".

El mecanismo propuesto en la Ley de Consultas establecía que los datos de los votantes sería extraído del censo, pudiendo infligir el artículo 197 del código penal que recoge los ataques contra el derecho a la intimidad, al utilizar datos personales para un acto que no ampara el marco legal. De haber sido así, los ciudadanos podrían denunciar al Govern.

Con este nuevo proceso, Artur Mas ha reconocido que no se establecerá un registro previo de los ciudadanos con derecho a voto. El único requisito para depositar su papeleta será presentar el DNI, donde se comprobará que ha nacido dentro de la Comunidad Autónoma de Cataluña. En ese momento, su voto quedará registrado, impidiendo que pueda votar en dos o más ocasiones. El presidente de la Generalitat evitaría así incurrir en el posible delito contra la intimidad y, además, establecer ciertas garantías que eviten un posible fraude.

De esta forma, la consulta alternativa cumpliría con el artículo 198 del código penal, que establece la inhabilitación por un tiempo mínimo de seis años, pero podría incurrir hasta en cuatro delitos, con posibles penas de cárcel e inhabilitación, dependiendo de la forma final en la que se produzca la votación del 9-N.

DESOBEDIENCIA

El artículo 410 del código penal establece que "las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".

Si Artur Mas no hubiese retrocedido en su idea inicial, al existir una suspensión cautelar del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Consultas, el presidente de la Generalitat habría incurrido en un presunto delito de desobediencia. La nueva fórmula, definida por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sánez de Santamaría, como "la nueva ocurrencia de Mas", será examinada por el Ejecutivo para decidir si presenta un nuevo recurso.

Si finalmente el Gobierno de Mariano Rajoy decide recurrir al Tribunal Constitucional y se produce el fallo precedente en el proceso soberanista, "estaríamos ante el mismo escenario, por lo que hablaríamos de nuevo de un posible delito de desobediencia", apunta Pedro Manuel González.

PREVARICACIÓN

El artículo 404 del código penal recoge que "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años".

Las competencias autonómicas no permiten a un presidente autonómico la convocatoria de un referéndum o consulta, pero Artur Mas intentará evitar este apartado con el nuevo proceso de votación. El Consejo de Estado recordó recientemente en un dictamen que la consulta del 9-N presentaba "los elementos configuradores típicos de un referéndum".

Por ahora se desconoce si la última propuesta del presidente de la Generalitat presenta estas características. Si finalmente fuese declarada ilegal y se llevase a cabo, este es uno de los delitos de los que podría ser acusado.

MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

El proceso independentista lleva consigo una serie de costes para las arcas públicas de la Generalitat. En concreto, el gasto anunciado en la web de campaña para la antigua consulta establecía que rondaría los 9 millones de euros. Sin embargo, con el nuevo planteamiento de Artur Mas, previsiblemente, el gasto público se disminuiría. La intención del dirigente catalán es contar con más de 20.000 voluntarios y la colaboración de 920 municipios.

Sin embargo, cualquier gasto ocasionado por la votación del 9-N vulnera el artículo 433 del código penal. "La autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años".

Este apartado no exige el ánimo de lucro personal, sino usos ajenos a la función natural. Para el titular del bufete PGM Abogados, "este delito será el más claro de todos los imputables".

SEDICIÓN

Se trata del delito más grave que podría imputarse en el proceso soberanista, pero del mismo modo es el más improbable. El artículo 544 del código penal establece que "son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

Si la votación del 9-N provoca altercados y se impide la actuación del Estado para restablecer la normalidad podría interpretarse como un acto de sedición. En este caso, podría afectar tanto al responsable directo como a los colaboradores necesarios. Podría ser castigado con 15 años de cárcel.

La Fiscalía, como defensor de la legalidad, tiene la obligación de iniciar las acciones oportunas cuando aprecia un delito. Por otra parte, distintas organizaciones como Manos Limpias o VOX ya ha presentado respectivas querellas contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.