Desahucios: ¿Cómo funciona una Iniciativa Legislativa Popular?

Tras muchas dificultades la Iniciativa Legislativa Popular que pide una moratoria para los desahucios y la dación en pago ha logrado llegar al Congreso de los Diputados. Se trata de un hecho histórico que se ha logrado en muy contadas ocasiones y que no significa (ni muchos menos) que se vaya a aprobar: ahora los diputados tendrán que debatir sobre el texto legal y pueden proponer modificaciones o votar en contra.

Diana García Bujarrabal/ Qué.es 13 de febrero de 2013

Tras casi dos años de recogida de firmas, unas últimas jornadas marcadas por la tensión tras la intervención de Ada Colau en el comisión de vivienda, y un día tristemente marcado por los suicidios, la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular desató gritos de júbilo. "¡Sí se puede!", coreaban el grupo de personas congregados en los aledaños del Congreso.

Los cierto es que son muchas dificultades para lograr hacer prosperar una iniciativa de este tipo. Concebida como un instrumento para garantizar vías más directas de participación en el sistema, lo cierto es que pone en cuestión el principio de representación mediante el voto que rige en general la forma de Gobierno en Occidente, y es habitual en las legislaciones que se le pongan no pocas trabas. Nuestra Constitución, que prevé la ILP en su artíuclo 87.3 y, porteriormente, una ley orgánica de 1984, establecen un procedimiento muy exigente: hay que recoger 500.000 firmas, presentarla a la Mesa del Congreso, que determina si las firmas son o no admisibles, y lograr el apoyo de los grupos parlamentarios para que la admitan a trámite en el Congreso, donde pasan a debatirse.

La Iniciativa Legislativa que promueve los desahucios logró más de 1.400.000 firmas. Un éxito sin precedentes impulsado por la PAH, ONGs, sindicatos y asociaciones, y que ha contribuido a a acrecentar la presión sobre los parlamentarios para que fuera admitida a trámite.

El precedente más directo de una iniciativa popular que terminó originando un texto legal está en Cataluña, donde una campaña promovida desde la calle terminó por abolir los toros en esa comunidad. Pero a nivel estatal, solo ha sucedido en un ocasión: en 1988, con una ILP que buscaba regular la reclamación de las deudas en las comunidades de propietarios y que al final quedó incluida en la reforma e la Ley de Propiedad Horizontal.

Las limitaciones a las Iniciativas Legistlativas Porpulares también son temáticas: no pueden afectar a leyes orgánicas o a cuestiones de presupuesto o tributarias, con lo que, por ejemplo, no sería posible promover una reforma de la Ley Electoral.