Continúa, tras 3 horas, la reunión de Wert y las Comunidades sobre reforma educativa

Después de más de tres horas, continúa la reunión del ministro de Educación, José Ignacio Wert, con los consejeros autonómicos para debatir la propuesta de anteproyecto de reforma de la enseñanza no universitaria.

Madrid, EFE 29 de octubre de 2012

Antes de comenzar la reunión, pasadas las 16.00 horas, la consejera de Cataluña, Irene Rigau, ha declarado a la prensa que la Generalitat estudia llevar al Tribunal Constitucional la reforma educativa si finalmente se aprueba tal cual, porque implica una interpretación "abusiva" de la potestad reglamentaria del Estado y una "invasión competencial".

Esta idea ha sido compartida de manera similar por el consejero de Canarias, José Miguel Pérez, quien cree que el anteproyecto legislativo "colisiona" con los principios constitucionales y pretende "mercantilizar" la educación.

A su vez, la responsable de Educación en funciones del País Vasco, Isabel Celaá, ha asegurado que pediría a Wert la retirada de la reforma porque se apropia de competencias educativas como las evaluaciones generales del alumnado.

Por el contrario, el consejero de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, en nombre de las comunidades que gobierna el PP, ha opinado que la reforma educativa es necesaria porque la ley vigente es un "fracaso" y el texto propuesto por el Gobierno está "abierto", con más puntos en común que diferencias.

La de la Comunidad Valenciana, María José Catalá, ha comentado que hay acuerdo entre las comunidades regidas por este partido para que se suprima la posibilidad de que los estudiantes menores de edad puedan faltar colectivamente a clase, como permite la legislación vigente sin que reciban sanción por ello.

El anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) implanta evaluaciones nacionales comunes para todos los alumnos al final de cada etapa educativa no universitaria, que tendrán que superar para obtener los títulos de graduado en Secundaria Obligatoria (ESO) y de bachiller.

La reforma, que modifica parcialmente la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE), atribuye al Gobierno central la definición del 65 % de las enseñanzas comunes para las autonomías con lengua cooficial y el 75 % para el resto (ahora son el 55 y el 65 %, respectivamente), entre otras novedades.

La reforma plantea vías formativas al final de la ESO diferenciadas hacia la Formación Profesional o el Bachillerato, una reducción de asignaturas optativas, el refuerzo de las materias básicas como Lengua, Matemáticas e Inglés y una mayor autonomía de los centros escolares.