El Gobierno prepara otro recorte de 30.000 millones de euros que afectaría a pensiones, funcionarios y desempleados

El Gobierno está ultimando un nuevo paquete de medidas de ajuste con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las metas de déficit público de 2012, aunque esperará para tomar una decisión firme al resultado del Eurogrupo de la próxima semana, donde todo apunta a que habrá una relajación en la senda marcada por Bruselas.

El tamaño del ajuste, aún por definir, podría ascender a una cifra de hasta 30.000 millones de euros, un 3 por ciento del PIB, según informó una fuente conocedora del pensamiento de algunos altos miembros del Gobierno. No obstante, otras fuentes señalan que la cuantía final podría ser considerablemente menor.

Tras haber cerrado 2011 con una cifra de déficit muy lejana a los objetivos de Bruselas, un 8,9 por ciento, aún pendiente de revisión por las cuentas de los ayuntamientos, frente al 6 por ciento previsto, el Ejecutivo confía en presentar a Bruselas un plan creíble que permita que los socios europeos relajen la senda de reducción del déficit público, dijeron dos fuentes conocedoras del asunto.

"La idea es recortar el coste de los funcionarios para las arcas públicas, congelar las pensiones, meter también una bajada al coste de las prestaciones por desempleo, cerrar las televisiones públicas", dijo la fuente.

Sin embargo, dentro del Gobierno existe un fuerte debate interno respecto a las partes políticamente más sensibles de un ajuste de este tipo, como las pensiones o los funcionarios. "No hay ninguna decisión tomada. Lo único que hay son cálculos técnicos, cuánto se podría ahorrar con esto, cuánto se podría ingresar con lo otro. Pero puede ser parte, todo o nada", dijo otra fuente cercana a otros altos cargos del Ejecutivo.

No parece probable que se conozcan las nuevas medidas hasta que no se haya celebrado la reunión del Eurogrupo, aunque desde el Gobierno alaban el cambio de rumbo tomado por Bruselas durante la cumbre de la pasada semana. Algunas de las medidas podrían reservarse para la presentación los Presupuestos Generales del Estado de 2013, momento en el que, según afirmó Montoro recientemente, está previsto que el Gobierno ponga sobre la mesa un plan fiscal a 2014, en línea con lo que piden Bruselas y el FMI.