Garzón: "Mi conciencia está tranquila"

El juez Baltasar Garzón ha aprovechado el turno de última palabra del juicio por investigar presuntamente sin competencia los crímenes y desapariciones del franquismo para asegurar ante los siete magistrados del Tribunal Supremo que su "conciencia está tranquila" porque adoptó las decisiones que entendió ajustadas a Derecho para "perseguir, sancionar o castigar los crímenes masivos" de desapariciones forzadas y se guió en defender a las víctimas del "desamparo".

El juez suspendido de la Audiencia Nacional ha abandonado estrados para sentarse en el banquillo de los acusados, donde tras quitarse la toga ha expuesto su alegato final ante los siete magistrados de la Sala de lo Penal: "Mi confianza está tranquila porque tomé las decisiones que creí ajustadas a Derecho para perseguir, sancionar o castigar, por mí o por quien correspondiera en el uso de la jurisdicción los crímenes masivos de desaparición forzada de personas en ese contexto de detenciones ilegales sin dar razón del paradero de las víctimas".

Garzón se han pronunciado así después de hacer mención a 'La conciencia tranquila' del filósofo Immanuel Kant, una reflexión sobre los valores humanos, durante el juicio, en el que se enfrenta a una pena de 20 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación que solicita para él la acusación ejercida por Manos Limpias y Libertad e Identidad.

La Fiscalía y la defensa han solicitado su libre absolución y el archivo del procedimiento. El juez, suspendido cautelarmente de la Audiencia Nacional desde mayo de 2010, ha reivindicado que las instituciones "deben" reparación a las víctimas para evitar "el olvido y la falta de memoria".

En aras de su independencia como magistrado y la libertad de interpretación -aspectos que constituyen la "esencia de la función judicial"- ha alegado que adoptó las decisiones que entendió "más apropiadas" en aplicación del derecho nacional e internacional.

Según ha dicho, actuó "sobre todo guiado por la defensa del desamparo de esas víctimas, que son, en este tipo de crímenes, un elemento principal que todo juez debe proteger".

"Hay otras opiniones pero ésta es la que defiendo y creo que es ajustada a Derecho", ha remachado.

En la séptima sesión del juicio y en un alegato de apenas seis minutos y medio de duración, el magistrado ha manifestado su conformidad con los informes finales expuestos por el fiscal Luis Navajas y por su defensa Gonzalo Martínez-Fresneda.

CUMPLIMIENTO "ESTRICTO" DE LA LEY

Ha explicado que incoó en su juzgado en diciembre de 2006 este procedimiento en "cumplimiento estricto" de las normas procesales y practicó todas aquellas diligencias "indispensables" para decidir sobre su posible competencia.

Ha recordado que esas diligencias fueron asumidas por las partes personadas, incluyendo al Ministerio Fiscal que no planteó "ningún recurso ni en ese tiempo", al tiempo que ha añadido que después la Sala de lo Penal declaró competentes a los juzgados territoriales para que dar protección a las víctimas y esclarecer los hechos cuando tuvieran recibieran denuncias o tuvieran noticia de la localización de fosas.

Aunque ha admitido que se puede discrepar de su criterio, ha entendido que su posición es "defendible" al alegar que sus diligencias se dictaron de forma "extensa, razonada y con cita de jurisprudencia nacional e internacional", según la cual se ha aplicado el derecho convencional y consuetudinario a lo largo de "más de un siglo".

"Ese contexto es el que justificaba la adopción de las medidas que tomé para investigar hechos criminales masivos que tienen el carácter de crímenes permanentes por cuanto con detenciones ilegales sin haber dado razón de paradero hasta esta misma fecha constituyen desapariciones forzadas de personas en este contexto de crímenes contra la humanidad, y por ende el delito se sigue cometiendo", ha argumentado, para subrayar que la obligación del juez es investigar estos delitos y dar reparación a las víctimas.