¿Qué es el Estado de alarma?

El Gobierno puede hacer uso de las facultades que le otoroga el artículo 116.2 de la Constitución para declarar el Estado de alarma (también, en casos de mayor gravedad, los de excepción y sitio). El estado de alarma tiene que ser declarado mediante un decreto aprobado en el Consejo de Ministros y  su duración no podrá superar los quince días salvo un prórroga acordada posteriormente en el Congreso de los Diputados. Es el único tipo que no necesita una aprobación previa del Congreso (esto sí es necesario en los casos de excepción y de sitio, en el que además se necesita una mayoría absoluta). 

4 de diciembre de 2010

El estado de alarma es una facultad del Gobierno recogido en el artículo 116 de la Constiución mediante un decreto aprobado en el Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días y dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no puede ser prolongado. 

El estado de alarma recogido en la Constitución viene regulado por la Ley Orgánica 4/1981 donde se especifica que se procederá a su declaración cuando las circunstancias extraordinarias hiciesen posible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes. 

El estado de alarma debe ser publicado inmediatamente en el BOE y entrará en vigor inmediatamente. 

La declaración del estado de alarma se puede declarar en todo o parte del territorio ante las siguientes circunstancias recogidas en la Ley Orgánica 4/1981: crisis sanitarias, inundaciones, incendios de gran magnitud, desabastecimiento... y la que baraja en este caso "paralización de los servicios públicos esenciales para la comunidad". 

Por la declaración del estado de alarma todas las autoridades públicas, cuerpos de policía y en este caso concreto "los funcionarios y trabajadores al servicio de la administración", quedarán bajo órdenes directas de la autoridad competente. 

El incumplimiento cometido por los funcionarios podría llevar la suspensión de inmediato del ejercicio de sus cargos y siendo abierto un expediente disciplinario. 

El Gobierno podría intervenir empresas o servicios así como la movilización de su personal con el fin de asegurar el funcionamiento.