En el análisis realizado hasta ayer en Ginebra, "los expertos señalaron en el tema de militarización que era importante que los militares salieran de las labores de seguridad pública", dijo hoy en rueda de prensa Edgar Cortez, representante mexicano de la Red TDT, que acudió a las sesiones del examen.

"Insistieron en el tema: tienen que salir de esas labores. No son las tareas para las que está creada esa institución (castrense)", explicó Cortez, al presentar junto a otros activistas sus comentarios al examen, del cual se esperan unas recomendaciones para fines de marzo.

El activista señaló que los 18 expertos que forman este foro de la ONU "no pusieron un plazo" para desmilitarizar la lucha contra el crimen organizado, pero insistieron en que el Ejército "tenía que salir" de esas tareas, que lleva a cabo a través de operativos con la Policía Federal en los estados más conflictivos de México.

Cortez aclaró que la organización a la que pertenece pidió al Comité de Derechos Humanos que plantee al Gobierno mexicano la conveniencia de fijar "plazos y procedimientos" para la salida de las Fuerzas Armadas de estas labores.

Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), coincidió en que los expertos de la ONU se mostraron preocupados por la participación del Ejército en la lucha contra el crimen organizado, decidida por el presidente Felipe Calderón poco después de asumir el poder el 1 de diciembre de 2006.

Según el activista, en las sesiones celebradas del 8 y 9 de marzo el comité "deploró de manera clara el saldo grave de violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas".

"Incluso algunos expertos indicaron que se configuraba una suspensión de facto a los derechos fundamentales contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)", agregó.

En particular, los especialistas del comité de la ONU sostuvieron que era inadmisible "lo contenido en el artículo 57 del Código de Justicia Militar, que les permite a los militares juzgarse a sí mismos" en casos de abusos graves a los derechos fundamentales de los civiles.

Arriaga señaló que el comité dijo que el Estado mexicano "no puede justificar de manera alguna proporcionar un trato diferencial a los elementos castrenses mediante la aplicación del fuero militar en caso de estos abusos".

Las valoraciones de las ONGs fueron presentadas como los "resultados iniciales" de un examen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que presentará sus conclusiones el próximo 26 de marzo a más tardar.

Esta es la quinta vez que México rinde cuentas ante este organismo, que aboga por el cumplimiento del PIDCP, y la primera que lo hace desde 1999.