La boliviana Olga Flores explicó a Efe que hoy comenzó una protesta ante el edificio del Estado Mayor del Ejército, junto a la chilena Marta Montiel, y adelantó que mañana interpondrá un amparo constitucional ante la Corte de Distrito de La Paz para que se cumpla esa resolución que aprobó el Gobierno de Morales en mayo.

Esa norma permite a los familiares de los desaparecidos pedir los documentos clasificados con la ayuda de miembros de la privada Asamblea de Derechos Humanos, notarios y funcionarios del Gobierno.

No obstante, Flores aseguró que aún no ha podido acceder a esos archivos, pese a haber hecho todos los trámites necesarios.

"No es un problema personal, sino un principio que las Fuerzas Armadas deben necesariamente abrir estos archivos", afirmó Olga, cuyo hermano, Juan Carlos Flores, desapareció en 1980 durante el asalto de bandas paramilitares a la sede de la Central Obrera Boliviana (COB).

Según Flores, existe incluso una orden judicial de finales de octubre que el Ejército "se niega a cumplir" para que las Fuerzas Armadas abran los archivos de las dictaduras.

Por ello, dijo que hará un "último esfuerzo legal" mediante la presentación del amparo constitucional para que se cumpla la resolución que puede llevar a las familias a encontrar a los desaparecidos.

A su juicio, las Fuerzas Armadas, "están haciendo como en épocas de dictadura, ya que en cierta medida (el que no abran los archivos) supone un encubrimiento a los autores y la práctica de la desaparición forzada".

Flores, junto a Montiel y otra mujer que también reclama por los cuerpos de familiares desaparecidos en las dictaduras, realizó entre mayo y junio pasado una huelga de hambre de 30 días para reclamar a las autoridades que tomen decisiones para buscar los restos.

Marta Montiel es hija de Tirso Montiel, quien fue miembro de una guerrilla boliviana en la década de los setenta abatida por el Ejército boliviano.