El ente regulador financiero boliviano dice que la magistrada suspendida actuó ilegalmente

En un comunicado público, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) justifica así la decisión del Cámara de Diputados de suspender a la magistrada de su cargo, que ayer inició una huelga de hambre contra esa decisión parlamentaria.

Canedo asumió la extrema medida al término de la sesión realizada el jueves, en la que la mayoría oficialista de diputados aprobó la instalación del juicio en su contra por presunta prevaricación en un proceso seguido por el Banco Central de Bolivia (BCB) contra un banco en liquidación que se declaró en quiebra en los noventa.

Para la Asfi, con esa decisión Canedo favoreció con "seis millones de dólares a titulares de operaciones no reguladas, ex accionistas y otros del Banco Sur, banco quebrado por créditos vinculados".

Por ello, la institución reguladora financiera considera que la suspendida magistrada actuó de forma ilegal y sobrepuso intereses privados sobre los públicos, lo que, a su juicio, beneficia "a los que fueron propietarios del Banco Sur y a quienes tuvieron que acudir a juicios para demostrar sus irregulares acreencias".

Según el comunicado, esa decisión judicial dispuso un pago de seis millones de dólares "por supuestos depósitos e inversiones", en desmedro del Estado.

La Asfi critica asimismo que ante diversas denuncias que ha hecho esta institución, Canedo no dio curso a la investigación, sino que acude a los medios de comunicación y utiliza "medios dilatorios de carácter procesal" para evitar que se esclarezcan los hechos.

El ente regulador aclara que con esta denuncia pública no persigue fines políticos, sino que "lo que se busca con este proceso penal es hacer prevalecer la confianza del público en el sistema financiero" con una sentencia ejemplificadora.

La decisión de la Cámara de Diputados, que deberá ser remitida al Senado, de mayoría opositora al Gobierno de Morales, implica la suspensión automática de la magistrada.

Con la suspensión de Canedo, la Corte Suprema está imposibilitada de convocar a sesiones de sala plena, pues sólo cuenta con seis de los siete magistrados requeridos para funcionar válidamente.

Esta situación ahonda la actual crisis en la que está sumido el Poder Judicial boliviano, pues en mayo pasado también fue suspendido el presidente de la Corte Suprema, Eddy Fernández, acusado de retrasar el juicio por genocidio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y miembros de su Gobierno.

También ha cesado completamente el Tribunal Constitucional con la renuncia en junio de la magistrada Silvia Salame, quien era la única que continuaba en su cargo, después de sucesivas dimisiones.

La relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial es tensa pues Morales ha acusado varias veces a ese órgano de corrupción y a sus miembros de ser afines a los partidos opositores, críticas que los magistrados siempre han rechazado.