El caso del niño obeso de Ourense ha abierto el debate social sobre la conveniencia o no de que las autoridades intervengan y cuál es el momento o las causas que deben desencadenar las actuaciones más drásticas. Sobre todo en los casos en los que, como en el presente, el niño prefiere permanecer con su familia. ¿Cuáles son los criterios para retirarle a unos apdres la custodia sobre su hijo?
La
Unión Romaní España ha hecho hoy un
llamamiento para que se actúe con cordura, compasión y eficacia en
el caso del niño gallego. A través de un comunicado, el presidente de está asociación del
Pueblo Gitano, Juan de Dios Ramírez-Heredia, ha pedido a la
Administración y a la justicia que no desoigan las voces de quienes
proponen soluciones alternativas a la de quitarle el menor a sus
padres.
Ha destacado que "el niño no está desamparado" y goza del cariño
de sus padres que están destrozados ante la idea de que les quiten a
su hijo.
Ramírez-Heredia ha pedido que se conceda a los padres "ayuda y
asesoramiento para educarlo y ayudarle a controlar su peso".
"Hacen bien los funcionarios de la Xunta en preocuparse por la
salud del
niño. Pero no podemos evitar manifestar que nos gustaría
ver el mismo empeño en lograr que otros
niños gitanos gallegos
tuvieran garantizado su derecho a la salud", ha manifestado.
También han alzado la voz otras asociones, como la de 'El Defensor del Paciente', que el pasado día 6 pedía la intervención del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, para dejar sin efecto la querella
presentada contra los padres del menor orensano con obesidad
mórbida.
LA XUNTA MANTIENE QUE ES LO MEJORLa Xunta ya ha advertido que cuenta con
informes psicológicos tanto de
la Administración como de una asociación vinculada a la infancia
que "aconsejan" retirar la tutela a los padres e ingresarlo en un centro.
Desde 2005, un equipo de la Xunta, el servicio de pediatría del
hospital de Ourense y el Ayuntamiento
vigilan la situación del menor
afectado de obesidad mórbida, una situación que ha conllevado
finalmente a que el Gobierno autonómico reclamara su tutela
atribuida a una situación de desamparo.
Los padres, que se niegan a entregar al
niño, se han enfrentado
así a la Administración gallega y al sistema judicial, tras la
interposición de una querella criminal interpuesta el 4 de novimebre por el
fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Ourense, Florentino
Delgado.
Mientras,
la Policía continúa la búsqueda del niño, que ha sido
trasladado a un lugar desconocido por decisión de los padres y que
podría estar en casa de algunos familiares.
Los padres,
Luis Montoya y Margarita Gabarres, se enfrentan ahora
a una pena inferior a dos años, como máximo, por un delito de
sustracción de menores y desobediencia administrativa.