Guatemala, EFE 3 de noviembre de 2009
Un dirigente del Consejo Nacional Indígena-Campesina y Popular (CNAIC-P), Leocadio Jucaran, explicó en una rueda de prensa que la iniciativa de ley, presentada a mediados de 2009, ya tiene dictámen favorable de la Comisión de Agricultura del Parlamento, y que sólo falta que sea sometida al pleno para su aprobación.
El presidente del Congreso, el diputado oficialista Roberto Alejos, se ha comprometido con las organizaciones indígenas y campesinos a presentar la normativa para su discusión el próximo jueves.
Jucaran dijo a Efe que solicitaron al Parlamento que la normativa sea aprobada de "urgencia nacional", debido a la crisis económica y alimentaria que sufren las comunidades en el interior del país.
Recordó que, según la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), 6.147 comunidades sufren algún grado de desnutrición y de este total, 332 están calificadas como de "alto riesgo" por falta de alimentos.
El dirigente indígena señaló que la iniciativa, que lleva el nombre de Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, tiene un enfoque global para abordar los problemas de falta de tierra, el medio ambiente, la salud y la educación, entre otros, en las comunidades campesinas.
La Ley busca reformar, democratizar y ampliar el acceso a los medios de producción, garantizar y fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de los indígenas y campesinos, y el ejercicio pleno de los derechos humanos, agregó.
Aclaró que en la iniciativa no está contemplada ninguna reforma agraria, porque "en este momento no existen condiciones".
"Lo que exigimos es la asignación de tierras ya que existen muchas fincas en poder de terratenientes que no son trabajadas y están ociosas", subrayó.
El 70 por ciento de la tierra cultivable en Guatemala está en manos del 0,15 por ciento de los productores agrícolas y esa concentración ha agudizado los niveles de pobreza, que afecta al 51 por ciento de los mas de 13 millones de habitantes, según las organizaciones campesinas.
Jucaran insistió en la necesidad de que se apruebe la normativa en virtud de que la crisis económica y social afecta a las poblaciones del área rural, en donde reside el 53,9 por ciento de los más de 13 millones de guatemaltecos.
Según el dirigente del CNAIC-P, si el Parlamento no aprueba la Ley, para la próxima semana tienen previsto acciones de presión como bloqueos de carreteras y ocupación de edificios públicos.
No obstante, aclaró que el Gobierno del presidente Álvaro Colom ha expresado su apoyo a la iniciativa con la que se busca impulsar un verdadero desarrollo rural integral en Guatemala.
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