Amnistía Internacional ha hecho público hoy el informe
"España: Salir de las sombras. Es hora de poner fin a la detención en régimen de incomunicación", en el que reclama a España que ponga fin a la
práctica de la detención en régimen de incomunicación, por
considerar que viola los derechos de las personas que están privadas
de su libertad.
"Es inadmisible que en la España actual una persona detenida por
cualquier razón desaparezca durante días, como tragada por un
agujero negro", ha señalado Nicola Duckworth, directora del Programa
para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
En el informe mantienen que España tiene uno de los regímenes de
detención más estrictos de Europa, y que éste incumple las
obligaciones que ha contraído en virtud del derecho internacional de
los derechos humanos.
Amnistía ha recordado que
la Ley de Enjuiciamiento Criminal
española permite mantener a una persona recluida en régimen de
incomunicación hasta cinco días en todos los casos y hasta trece si
es sospechosa de delitos de terrorismo.Ese periodo de trece días se compone de una fase de hasta cinco
días de incomunicación bajo custodia policial, que puede prorrogarse
otros cinco días de incomunicación en prisión provisional.
Además, según
Amnistia,
en cualquier momento de la instrucción el
juez puede imponer tres días más de detención en régimen de
incomunicación."Durante su detención en régimen de incomunicación, la persona no
puede hablar con un abogado ni con un médico de su elección", ha
advertido Nicola Duckworth en una nota de prensa distribuida hoy por
la organización, y ha asegurado que "muchas personas" detenidas en
régimen de incomunicación afirman que han sido sometidas a tortura o
malos tratos, "aunque raras veces se investigan tales denuncias."
Amnistía Internacional ha recordado que diversas organizaciones
internacionales han expresado su preocupación por el riesgo de malos
tratos que entraña la detención en régimen de incomunicación.
Ha citado en ese sentido el caso de Mohamed Mrabet Farsi,
detenido por cargos de terrorismo el 10 de enero de 2006 en su casa,
cerca de la ciudad de Barcelona.
Durante su detención en régimen de incomunicación no pudo llamar
a su abogado, según Amnistía, que asegura que fue torturado y
maltratado, "pero tanto el médico que lo examinó como el juez de
instrucción hicieron caso omiso de sus quejas", dice esta
organización.
Nicola Duckworth ha observado que ningún otro país de la Unión
Europea conserva un régimen de detención con restricciones "tan
severas" de los derechos de la persona detenida.
La organización internacional ha instado a las autoridades
españolas a abolir la legislación que hace posible la detención en
régimen de incomunicación; y a permitir a la persona detenida hablar
con un abogado confidencialmente y sin que se hallen presentes
agentes de policía.
Ha solicitado también que se permita a toda persona detenida
contar con un abogado de su elección, que esté presente durante su
interrogatorio.; que se permita al detenido ser examinado por un
médico de su elección; y que se le permita también comunicar a su
familia su detención y el lugar donde se encuentra.