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El Congreso impulsa el uso de la firma electrónica para crear nuevas empresas

La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados instó hoy al Gobierno a impulsar el uso de la firma electrónica con el objetivo de agilizar los trámites de creación de nuevas empresas.

Madrid, EFE 23 de junio de 2009

Así, la Comisión aprobó hoy una proposición no de ley del grupo parlamentario Popular mediante la que se pretende acortar el tiempo que el Registro Mercantil Central -organismo que gestiona la información mercantil en España- tarda en expedir el certificado para que se pueda constituir una sociedad mercantil, que actualmente se sitúa entorno a una semana.

Esta medidas, junto con el resto que componen la proposición no de ley servirán, según la diputada del grupo Popular Ana María Madrazo, para agilizar la creación de sociedades mercantiles al tiempo que, dijo, tratan de "ayudar" a los empresarios a generar "empleo" y "riqueza".

Por su parte, la diputada socialista Meritxell Batet advirtió de que se debe buscar el equilibrio entre la "agilidad" necesaria para la constitución de nuevas empresas y la seguridad que todo sistema económico-empresarial exige, por lo que pidió que la reducción del tiempo para expedir los certificados se haga de manera progresiva.

El texto de la propuesta indica además la necesidad de estimular a los usuarios que soliciten la información necesaria para crear una empresa a través de internet con el fin de evitar los permisos denegados "que impiden y retrasan" la agilidad del sistema a la hora de obtener la certificación.

Además, la Comisión dio el visto bueno a la proposición no de ley del grupo Mixto por la que se insta al Gobierno a asegurar la estabilidad en la tributación del Impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales a los municipios afectados por embalses o centrales hidroeléctricas.

La propuesta llevada a la Comisión por el portavoz del Grupo Nacionalista Gallego (BNG), Francisco Jorquera, pretende defender la suficiencia financiera de los ayuntamientos de los territorios con centrales hidroeléctricas, parques eólicos, autopistas o aeropuertos.

Para ello, el BNG quiere modificar las normas de valoración catastral -a favor de los ayuntamientos- por la que se determina el valor de este tipo de inmuebles.

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