Así figura en el apartado relativo a la situación en Europa del informe de
Amnistía Internacional sobre 'El estado de los Derechos Humanos en el mundo' correspondiente a 2009, que ha sido presentado hoy.
España también figura
en el informe de AI por la presión que se ejerce sobre países africanos para
frenar la inmigración irregular y los obstáculos y dificultades con que se
encuentran las víctimas de violencia machista para denunciar y conseguir
protección.
AI critica que las denuncias de tortura no den lugar
sistemáticamente a investigaciones independientes, prontas y exhaustivas, que se
sigan considerando estas denuncias como parte de una estrategia para
desacreditar al Estado, que los casos judiciales avancen con lentitud y escasa
diligencia, y que se impongan penas leves a los agentes a los que se declara
culpables.
"En países como Bosnia-Herzegovina, España, Grecia,
Kazajistán, Rusia, Turquía, Ucrania y Uzbequistán, tales obstáculos no hacían
sino perpetuar una cultura de impunidad", señala el informe.
La directora de AI para España, Eva Suárez-Llanos, ha
explicado, sobre la referencia a España en este apartado, que "no se trata de
comparar países, ni de decir que un país tortura más y mejor que otro, es que es
inaceptable la tortura, haya un caso o mil".
Ante cualquier denuncia de
torturas o malos tratos "no hay que dar más o menos credibilidad a las partes,
hay que investigar y enviar el mensaje claro de que es inaceptable".
Otro
de los aspectos que AI reprocha a España, Turquía, Ucrania y Rusia, entre otros,
es a la hora de rechazar a solicitantes de asilo y devolverlos a países donde
"corrían peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos".
Así,
en el apartado dedicado a España, el informe detalla el caso de Murad Gasayev,
un ciudadano ruso de origen checheno que fue extraditado a Rusia "a pesar de que
existían indicios de que correría riesgo de sufrir tortura y otros malos
tratos".
Pese a que el propio Comité Europeo para la Prevención de
la Tortura
advirtió a España del peligro que corría el detenido, éste fue extraditado por
el Gobierno español.
"El propio hecho de pedir garantías diplomáticas
revela que no te fías del país al que estás mandando un preso", ha lamentado
Suárez-Llanos de la actitud del Ejecutivo español.
También el sirio Basel
Ghalyoun, absuelto de su implicación en el 11-M y cuyo permiso de residencia
había caducado, fue expulsado y devuelto a su país pese a las advertencias de
que podía correr riesgo de tortura y detención arbitraria.
Al llegar a
Siria, Ghalyoun fue detenido y recluido en régimen de incomunicación en un lugar
no revelado, denuncia AI.
En el informe, España también aparece
mencionada en los apartados dedicados a Mali y Mauritania por sus actuaciones
relativas a la expulsión de inmigrantes irregulares y la aplicación de los
acuerdos de inmigración firmados con estos países.
Así, el informe
detalla que al menos 250 personas migrantes detenidas en España fueron devueltas
a la capital, Bamako, durante 2008, como lo fueron otro centenar de migrantes
detenidos y recluidos en Libia durante meses.
"Algunos de ellos
denunciaron que habían sido golpeados por las fuerzas de seguridad españolas y
libias", precisa AI.
También en Mauritania se detuvieron "arbitrariamente
a cientos de personas sospechosas de intentar llegar a países europeos, sin
pruebas de sus intenciones y aunque no es delito salir de Mauritania
irregularmente".
Según AI, estas medidas parecen consecuencia de la
presión de la UE,
especialmente España, para controlar la migración a Europa.
Además,
subraya que muchas personas migrantes están recluidas en un centro de detención
de Nuadibú, en el norte de Mauritania, conocido localmente como 'guantanamito',
que no está sometido a ningún control judicial y donde algunas sufren malos
tratos.