Éstos son los casos más relevantes:
Juan José Ibarretxe, lehendakari entre 1999 y 2009, declaró
como imputado en enero de 2007 por haberse reunido en abril del año
anterior con representantes de Batasuna. En esta misma causa también
fueron imputados el actual lehendakari, Patxi López, y el actual
Consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares.
Jaime Ignacio del Burgo (UCD), presidente de la Diputación
Foral de Navarra, fue acusado el 23 de febrero de 1980 por
malversación de fondos, causa por al que la diputación le destituyó
del cargo, y en enero de 1984 fue exculpado por los tribunales.
Demetrio Madrid (PSOE), presidente de la Junta de Castilla y
León entre 1983 y el 29 de octubre de 1986, fue imputado por una
querella presentada por once trabajadoras de la empresa textil de la
que era propietario. En 1990 el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León le absolvió.
Carlos Collado (PSOE), presidente de Murcia de 1984 a 1993,
dimitió por supuestas irregularidades de fondos públicos por el
"caso Casa Grande", del que finalmente fue absuelto por el Tribunal
de Cuentas en 1997.
Gabriel Cañellas (PP), presidente de Baleares, que dimitió en
julio de 1995, a los pocos días de jurar su cargo, por los casos
Calvia, fue imputado de cohecho por el supuesto cobro de comisiones
en la concesión de infraestructura pública, y del Túnel de Sóller,
sobre un supuesto delito de prevaricación en la adjudicación de
obras. En 1997 fue absuelto de ambos delitos.
Javier Otano (PSOE), presidente de Navarra en 1996, dimitió
tras ser imputado en julio por un supuesto cohecho en la trama
navarra del "caso Roldán". También declaró como imputado el 3 de
octubre de ese año por el "caso Otano", que se cerró sin sentencia
porque el delito había prescrito.
Gabriel Urralburu, presidente de Navarra entre 1984 y 1991, fue
encarcelado en 1995, por haber cobrado comisiones ilegales en obras
públicas durante su mandato, el llamado "caso Otano". Urralbu,
primer presidente regional encarcelado, salió en libertad
provisional en 1998, y fue condenado a 11 años de prisión por el
mismo delito y otros dos contra la Hacienda Foral y al pago de una
multa de 4,69 millones de euros. En 2001, el Supremo redujo su
condena a cuatro años, si bien mantuvo los 9 años inhabilitación y
la multa.
José Marco (PSOE), presidente de Aragón entre 1993 y 1995,
dimitió y fue condenado a 13 meses de cárcel y 6 de inhabilitación
por malversación de caudales y falsedad en documento público en el
denominado "caso del Sillón". En 1998, fue condenado por el "caso de
los Espías" a 9 meses de prisión, 2 de inhabilitación y a devolver
90.000 euros. No ingresó en prisión por un cambio en el Código
Penal.
Juan Hormaechea, presidente de Cantabria entre 1987 y 1995,
fue condenado en 1994 a 6 años de prisión y 7 años de inhabilitación
absoluta por un delito de malversación de caudales públicos. Tras
varios recursos, el Tribunal Supremo confirmó en 2004 la condena de
3 años de cárcel y 13 de inhabilitación.