España pedirá ayudas a la UE por los incendios de Valencia

La petición de ayuda para paliar los daños causados por los incendios de Valencia se tratará en un Consejo de ministros de Agricultura de la UE al que asistirá el titular de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

El documento de la delegación española explica que, entre el 28 y 29 de junio y durante la primera semana de julio, "se produjeron dos grandes incendios forestales de excepcional envergadura en la Comunidad Valenciana", tras concurrir "circunstancias adversas de distinta naturaleza, entre las que cabe destacar las meteorológicas".

Los daños materiales "de emergencia" causados por el fuego, que afectó a "una superficie total de unas 52.500 hectáreas" y 22 municipios, podrían ascender a los 90 millones de euros, añade el texto.

Asimismo, recuerda que la catástrofe "incluye la pérdida de una vida humana y tres heridos", así como "cuantiosos daños materiales y ambientales" en pueblos, infraestructuras, cultivos agrícolas y masas forestales de la región, "ya muy dañadas en general por los efectos de la crisis económica".

"No llegando al umbral para ser considerado catástrofe grave, se considera que se trata de una catástrofe extraordinaria regional que afecta las condiciones de vida de la región valenciana con repercusiones muy graves sobre la zona", indica el texto.

España advertirá de que, a consecuencia de los daños, "la región podría verse afectada por una grave degradación de sus ecosistemas forestales, por la despoblación de las zonas rurales y el abandono de las explotaciones agrícolas, poniendo en peligro la estabilidad económica de la región y consecuentemente la estabilidad social y ecológica".

Por ello, solicitará la ayuda del Fondo de Solidaridad de la UE, al considerar "la situación de crisis económica actual y las dificultades económicas, sociales y ambientales a las que se enfrenta la región para el restablecimiento de la normalidad".

El Fondo de Solidaridad de la UE se puede emplear en las catástrofes naturales con un coste determinado para los estados miembros.

Su uso implica en primer lugar calcular los costes del desastre ocurrido y luego cumplir los requisitos y seguir los trámites comunitarios (aprobación del Parlamento Europeo y de los Veintisiete), un proceso que puede llevar meses.